Efectivamente, la autoridad administrativa no fundamentó su inadmisión probatoria en los supuestos especialmente previstos, violentando el principio de la legalidad establecido en el Artículo 137 Constitucional; violentando el derecho a los medios de prueba que prevé el Artículo 49 eiusdem, menoscabando derechos al demandante de éste asunto, en los términos del Artículo 25 ibidem, lo que provoca la nulidad del acto administrativo señalado y los subsiguientes, conforme a lo previsto en el Artículo 19, Nº 1, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. [...] Por todo lo expuesto, se declara con lugar la pretensión de nulidad de la providencia administrativa Nº 214, de fecha 28 de febrero de 2011, emanada de la Inspectoría del Trabajo, sede JOSÉ "PIO" TAMAYO, de Barquisimeto, Estado Lara, que declaró sin lugar la calificación de despido incoada contra el ciudadano YONNY PÉREZ, en el asunto Nº 005-2009-01-01862.

Revisados el presente asunto, no consta en autos que el empleador hubiese cumplido con la obligación de reincorporar al trabajador, en las condiciones que ordena la providencia administrativa presuntamente inficionada, por lo que en fecha 20 de julio de 2012, se le otorgó a la actora cinco (5) días hábiles a los fines de que consignara lo correspondiente, sin que cumpliera con lo requerido por el Tribunal. Por lo expuesto, hasta que se cumplan tales trámites administrativos y el Inspector del Trabajo certifique la ejecución del reenganche ordenado, se suspende la tramitación de este procedimiento por existir una cuestión prejudicial que debe cumplirse para su continuación, a tenor de lo previsto en el Artículo 425, Nº 9, de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT).

Entonces, es evidente que la situación presentada por el querellante es derivada de situaciones entre la sociedad civil y el propietario del vehículo -quien es el empleador-, debiendo éste último ejercer las acciones civiles pertinentes contra aquella; o en su defecto, acudir el querellante a las vías ordinarias (estabilidad o inamovilidad), para exigir de su patrono la reincorporación a su puesto de trabajo. En consecuencia, al no evidenciarse en autos violaciones de rango constitucional, resulta forzoso para quien aquí decide declarar INADMISIBLE el amparo interpuesto, al no cumplirse los extremos del Artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

Efectivamente, la autoridad administrativa no fundamentó su inadmisión probatoria en los supuestos especialmente previstos, violentando el principio de la legalidad establecido en el Artículo 137 Constitucional; violentando el derecho de la parte a presentar los medios de prueba que considere idóneos, como ordena el Artículo 49 eiusdem, menoscabando derechos al demandante de éste asunto, en los términos del Artículo 25 ibidem, lo que provoca la nulidad del acto administrativo de admisión de pruebas y las subsiguientes actuaciones procesales, conforme a lo previsto en el Artículo 19, Nº 1, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así se declara.- Por todo lo expuesto, se declara con lugar la pretensión de nulidad de la providencia administrativa Nº 220, de fecha 28 de febrero de 2011, emanada de la Inspectoría del Trabajo, sede JOSÉ "PIO" TAMAYO, de Barquisimeto, Estado Lara, que declaró sin lugar la calificación de despido incoada contra el ciudadano GERARDO BARRETO, en .....