declara CON LUGAR el recurso intentado por JHONNY GREGORIO GARCIA VALLES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 7.433.680, domiciliado en la ciudad de Barquisimeto Estado Lara, por intermedio de su apoderado judicial TOMAS COLINA RAMOS y ADELAIDA RIVAS CARNEVALI, abogados en ejercicio, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 27.350 y 11.219, respectivamente, en contra del DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA DEL ESTADO LARA, por intermedio de la PRESIDENCIA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO LARA, representada por la ciudadana DEYANIRA MONTERO, venezolana, mayor de edad, abogado en ejercicio, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 66.096, en su condición de apoderada de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, y como consecuencia de lo anterior se ordena a la Dirección Administrativa de la Magistratura, reincorpore al recurrente ciudadano JHONNY GREGORIO GARCIA.....

declara CON LUAGR el recurso intentado por MAGDALENA COROMOTO SIMBOLO ALIZO DE GIL, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 9.007.926, domiciliada en la ciudad de Valera Estado Trujillo, por intermedio de su apoderado judicial VICENTE ALFONSO CONTRERAS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 5.302, domiciliado en Trujillo Municipio y Estado Trujillo, en contra del JUZGADO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALERA, ESCUQUE, URDANETA, SAN RAFAEL DE CARVAJAL Y MOTATAN DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO, representado por la ciudadana DEYANIRA MONTERO, venezolana, mayor de edad, abogado en ejercicio, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 66.096, en su condición de apoderada de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, y como consecuencia de lo anterior se ordena a la Dirección Administrativa de la Magistratura, reincorpore a la recurrente ciudadana MAGDALENA .....

Ahora bien, en el caso bajo estudio para verificar la existencia o no de presuntas violaciones a los derechos constitucionales denunciados por el accionante, es necesario analizar la normativa legal y sublegal aplicable al caso, y del análisis efectuado se constata que los referidos derechos constitucionales reclamados, son problemas de fondo, por lo que no puede este Tribunal pronunciarse en sede cautelar lo que es materia de fondo. En consecuencia, al no verificarse el requisito del periculum in mora, se declara IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional formulada por el recurrente. Así se declara, Administrando Justicia, Actuando en nombre de la República y por Autoridad de la Ley.