Para determinar el alcance de ésta decisión, el Artículo 259 de la Carta Fundamental, faculta al Juez contencioso administrativo disponer lo necesario para el restablecimiento de la situación jurídica subjetiva lesionada por la actividad administrativa, que en el presente caso consiste en reponer el procedimiento administrativo al estado de que la Inspectoría del Trabajo competente dicte nueva decisión, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 629 y 633 de la Ley Orgánica del Trabajo, en conexión con el Artículo 644 eiusdem, o cualquier otra disposición normativa en que se subsuma la conducta antijurídica del empleador y sea aplicable en razón de la materia.

Verificada la representación del abogado y su facultad expresa para desistir, y visto que en la presente causa se ventila un acto administrativo de efectos particulares que no afecta el orden público y las buenas costumbres, se ha constatado que se encuentran cubiertos los requisitos legales; por lo que se homologa el desistimiento manifestado por la parte querellante, conforme a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

Entonces, del presente asunto se evidencia que una vez presentada la demanda el 28 de junio de 2010, el demandante no realizó otra actuación tendiente a la continuación de la causa, a pesar de mantenerse activa mientras se resolvía el conflicto de competencia (Artículo 71 CPC), trascurriendo desde esa fecha hasta hoy más de un (01) año sin impulso procesal. Existiendo inactividad de la parte actora por más de un año, se cumplen los extremos del Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y resulta forzoso para quien Juzga declarar la perención de la instancia. Así se establece.

Por todas las anteriores consideraciones, quien juzga declina la competencia funcional para conocer en primera fase de la presente demanda por disolución de sindicato, ya que debe ser iniciada por el Juez de Sustanciación Mediación y Ejecución, quien debe cumplir con los trámites procesales determinados en la Ley Procesal para la admisión de la demanda, la notificación del accionado, la instalación de la audiencia preliminar y demás trámites; de conformidad con lo previsto en el Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, en conexión con el Artículo 17 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así establece.