Es por lo que se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por no estar incurso en las causales de inadmisibilidad contenidas en el quinto aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia

este órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, HOMOLOGA el desistimiento planteado por la parte actora y ordena el archivo del expediente constante de una pieza.

Se dictó resolución mediante la cual se declara como UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO de los ciudadanos MAYZARETH ALEJANDRA MORALES PEREZ y MARCOS ARMANDO ORTUÑO, antes identificada, a su hijo SE OMITE LA IDENTIFICACION, de dos (02) años de edad.-

De lo antes expuestos se desprende que la demandada BANCO DE VENEZUELA ANTERIORMENTE BANCO DE VENEZUELA, GRUPO SANTANDER, goza de todos los derechos de la República y por ende de los mismos privilegios y prerrogativas legales concedidos a ésta; y en tal sentido, al no acudir la parte accionada ni por si ni por ninguna representación legal o judicial alguna a la Audiencia Preliminar, no debe entenderse que de tal incomparecencia surgiría la presunción de la admisión de los hechos alegados por el demandante según lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por estar tutelado la referida Institución Bancaria por los privilegios y prerrogativas de la República, por lo que imperativamente no opera la admisión de los hechos, en atención a lo dispuesto en el Decreto No. 6.850 de fecha 04 de agosto de 2009, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nac.....

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO en base al Artículo 185-A de los ciudadanos OMAIRA SANOJA y JOSE LUIS BLANCO, ambos suficientemente identificados, y en consecuencia, disuelto el vínculo que los une en virtud del matrimonio celebrado en fecha 13 de abril de 1987, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Macarao, Municipio Libertador del Distrito Federal, según consta de Acta Nº 49 todo de conformidad con lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil

Este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declara que es INCOMPETENTE POR LA MATERIA para conocer de la presente demanda, resultando competentes los Juzgados de Municipio de esta Circunscripción Judicial, ordenándose la remisión del expediente una vez vencido el lapso consagrado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, al Distribuidor de turno de los Juzgados de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

en consecuencia SE DECRETA EL CESE DE LA MEDIDA y en consecuencia SE ORDENA LA LIBERTAD PLENA del joven NOMBRE Y DATOS FILIATORIOS OMITIDOS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LOPNA, en virtud de que ha dado cumplimiento a la medida impuesta, líbrese boleta de egreso a la Casa de Formación Integral Ciudad Caracas. TERCERO: Líbrese oficio al Complejo Luces del Alba a los fines de informarle de lo aquí decidido. Con la lectura y firma de la presente acta, quedando debidamente notificadas las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión supletoria del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Se declaró cerrada la Audiencia siendo la una (01:00) horas de la tarde. Terminó, se leyó y estando conformes firman. LA JUEZA DRA. LIZBETH KARIM LUDERT SOTO

Por las razones antes expuestas, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: HOMOLOGADO el desistimiento formulado por el abogado ENRIQUE TROCONIS SOSA, apoderado judicial de VENEZOLANO DE CRÉDITO, S.A., Banco Universal, por no ser contrario a derecho, al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, versa sobre derechos disponibles y no afecta a terceros beneficiarios de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. SEGUNDO: Se SUSPENDE la medida de embargo provisional decretada en fecha 06 de octubre de 2009, sobre cantidades líquidas de dinero hasta cubrir la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE BOLÍVARES CON DIEZ CÉNTIMOS (Bs. 66.677,10). TERCERO: Se declara terminado el juicio y se ordena el archivo del expediente, devueltos como sean los origi.....

declara CONSUMADA LA PERENCIÓN y EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en recurso de nulidad interpuesto por los abogados FÉLIX EDMUNDO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, NURIS MEDINA RIVERO, AQUILES BLANCO ROMERO, SANTIAGO ZERPA MARTÍN y RUBÉN CARRILLO ROMERO, inscritos en el Inpreabogado bajo el Nro. 32.072, 30.481, 21.181, 33.895 y 38.842, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano PABLO EDUARDO PEÑA VARGAS, portador de la cédula de identidad Nro. 3.366.625, contra la providencia administrativa Nro. 428-2005, dictada en fecha 04 de mayo de 2005, por la Inspectora Jefe del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda.

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes conforme lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.