Este Tribunal Admitio la demanda interpuesta por el ciudadano JOSE NORBERTO ORTOLL BORGES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V-2.978.841, contra la ciudadana MARIA ISABEL ZERPA ARISMENDI, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad V-3.181.217.

PRIMERO: La PERENCIÓN DE LA PRESENTE INSTANCIA, en la solicitud que por EJECUCIÓN DE HIPOTECA sigue BANCORO C.A., BANCO UNIVERSAL REGIONAL, contra Sociedad Mercantil FERRIS PARKING PRODUCTS, C.A, supra identificados en el encabezado del presente fallo. SEGUNDO: Concluida como ha sido la presente causa, se acuerda el cierre de este expediente. En consecuencia, se ordena su desincorporación del Archivo de este Juzgado y se acuerda remitirlo a la Coordinación de Archivo de este Circuito Judicial, a fin de que se forme el legajo para su remisión a los Depósitos del Archivo Judicial, con el objeto de descongestionar el espacio asignado al archivo de este tribunal, en virtud de ser insuficiente el mismo, QUEDANDO A SALVO EL DERECHO QUE TIENEN LAS PARTES DE SOLICITAR EL PRESENTE EXPEDIENTE EN LA OPORTUNIDAD QUE HA BIEN QUISIEREN, A FIN DE EJERCER LOS RECURSOS QUE CREAN PERTINENTES EN CONTRA DE LA PRESENTE DECISIÓN, TODO ELLO SALVAGUARDANDO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFEN.....

Se dictó decisión mediante la cual se decretó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el siguiente inmueble: "¿Un (1) inmueble constituido por un (1) lote de terreno, situado en Jurisdicción del Municipio Autónomo Acosta del Estado Falcón, equivalente a quinientos cuarenta y tres mil trescientos ochenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y tres decímetros cuadrados (543.385,43 Mts2).

SE DECLARÓ CON LUGAR LA OPOSICIÓN FORMULADA POR EL ABOGADO HUGO BENEDICTO BOLÍVAR BOLÍVAR, APODERADO JUDICIAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DESARROLLOS EL PEDREGAL, S.A., PARTE DEMANDADA, CON FUNDAMENTO EN EL ORDINAL 1º DEL ARTÍCULO 663 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. SE ORDENA LA CONTINUACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO POR LAS PAUTAS DEL JUICIO ORDINARIO, POR LO QUE SE DECLARA EL JUICIO ABIERTO A PRUEBAS. SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE LAS PARTES

este JUZGADO SÉPTIMO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la ciudadana NELLY BEATRIZ FERICELLI MARTINEZ, contra la Sentencia dictada el 14 de agosto del 2003, por el Juzgado Undécimo de Municipio del Área Metropolitana de Caracas y su correspondiente ACLARATORIA de fecha 15 de septiembre de 2003, en el juicio que por DESALOJO, incoara el ciudadano CARLOS EDUARDO PACANINS CLEARY, contra la ciudadana NELLY BEATRIZ FERICELLI MARTINEZ, ambas partes identificadas al comienzo de esta decisión. SEGUNDO: se CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia de fecha 14 de agosto de 2003 y su ACLARATORIA de fecha 15 de septiembre de 2003, dictada por el Tribunal Undécim.....

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer y decidir la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Rafael Enrique Rodríguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el Nº 712, en su carácter de Director Legal de la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA INVICTA C.A., contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, en virtud del Acto Administrativo contenido en la Resolución Nº 10.400 de fecha 11 de junio de 1985, emanada de la Dirección de Obras Municipales adscrita al Concejo municipal del Distrito Federal, mediante la cual procedió a sancionar a la recurrente de autos con multa de Siete Mil Trescientos Bolívares (Bs. 7.300,00) y orden de demolición. 2.- EXTINGUIDA LA ACCIÓN POR PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS PROCESAL en la demanda de nuli.....

-CAPITULO IV- DISPOSITIVO Por la motivación que antecede, este Juzgado Quinto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PRIMERO: IMPROCEDENTE la medida cautelar de amparo solicitada por el abogado CARLOS EDUARDO APONTE GONZÁLEZ, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 59.916., en su carácter de apoderado Judicial de la entidad de trabajo recurrente Corporación Golden Eagle, C.A., contra el Acto Administrativo que consiste en Certificación N° 0185-11, dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda "Delegado de Prevención Jesús Bravo" del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, mediante la cual certificó que se trata de accidente de trabajo que ocasionó al trabajador ciudadano Ramón Esteban Díaz Toro, titular de la cédula de identidad N° V-14.295.979, la muerte .....

DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Área Metropolitana de Caracas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA y POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a emitir el siguiente pronunciamiento: ÚNICO: Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 7 de julio del año 2014, por el ABG. MIGUEL JESÚS SALAZAR OSECHAS, Defensor Público Trigésimo (30º) Penal, en la causa seguida al ciudadano ONEXI JOENDRI TOYO VARGAS, en contra de la decisión de fecha 27 de junio del año 2014, dictada por el Juzgado Cuadragésimo Cuarto (44º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual decretó la privación judicial preventiva de libertad, sobre el referido ciudadano, por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIANA CUANTIA, previsto y sancionado en el artículo 149 primer aparte .....

Improcedente la suspensión de efectos.

Observa este Tribunal que en el presente caso no existe indicio alguno que permita deducir el peligro inminente e irreparable que pudiera sufrir la contribuyente con la ejecución del acto administrativo y que consiguiera poner en peligro su estabilidad patrimonial. Por el contrario, se observa que la representación judicial de la recurrente se limitó a esgrimir argumentos fácticos relacionados a que el recurso incoado tiene base cierta y se fundamenta en un buen derecho que dice le asiste, sin aportar elementos que demostraran el inminente grave perjuicio en el patrimonio de dicha contribuyente, es decir, no consignó documento contable y/o financiero que hicieran presumir este posible daño. En este sentido, al no constar en autos elementos que permitan concluir objetivamente sobre el cumplimiento del requisito relativo al periculum in damni, resulta improcedente la medida de suspensión de efectos solicitada, e inoficioso el análisis respecto del otro supuesto de procedencia, pues su cu.....