Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el presente recurso de nulidad interpuesto por el abogado Cristóbal Glynn Francis Ferreira, actuando como sustituto de la ciudadana Procuradora General de la República, contra la Providencia Administrativa Nº 00264-08 dictada en fecha 25 de junio de 2008 por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró Con Lugar la solicitud de desmejora interpuesta por el ciudadano CÉSAR JOSÉ DE LA COROMOTO BURELLI VALERO, contra el Colegio Universitario de Caracas. SEGUNDO: Se declara la NULIDAD de la Providencia Administrativa Nº 00264-08 dictada en fecha 25 de junio de 2008 por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cu.....

Por las razones expresadas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a fin de garantizar una efectiva administración de justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE, la solicitud de tercería formulada por la ciudadana: Adriana Cecilia Guerra Lizcano, titular de la Cédula de Identidad Nº: V- 15.266.756 e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº: 117.015, actuando en su carácter de apoderada judicial del Municipio Baruta del Estado Miranda, parte demandada en el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la Sociedad Mercantil RIVIERA MOTORS C.A. contra el acto administrativo contenido en la Resolución Conminatoria Nª 0104 de fecha 20 de mayo de 2010 emitida por el Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía del Municipio Baruta del Estado Miranda (SEMAT).

PRIMERO: CONDENA al ciudadano WILMAN ESTEBAN PALMA TOVAR, de nacionalidad venezolana, natural de Caracas, nacido en fecha 30-04-1968, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, titular de la cédula de identidad Nº V-6.297.770 y residenciado en San Juan de Los Morros ¿ Estado Guárico, a cumplir la pena de UN (01) AÑO y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO tipificado en el artículo 277 del Código Penal, en relación con el artículo 9 de la Ley Orgánica Sobre Armas y Explosivos, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 37, 74 ordinal 4º, del Código Penal y el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, asimismo, se le impone de la pena accesoria prevista en el artículo 16 ordinales 1º y 2º, referidas a la inhabilitación política por el tiempo que dure la pena impuesta y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena, terminada ésta. SEGUNDO: EXONERA al .....

En virtud de los razonamientos anteriormente expuesto, este Juzgado Sexto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara. PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO de apelación interpuesto por la parte demandada contra la decisión de fecha diez (10) de junio de dos mil diez (2010), dictada por el Juzgado Décimo Cuarto (14º) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA, incoada por el ciudadano Víctor Sandia Contreras contra la empresa Inversiones Bar 3000 C.A., (Rosalinda Discoteca), ambas partes suficientemente identificadas en autos y en consecuencia se ordena a la demandada a reenganchar al trabajador a su puesto de trabajo en las mismas condiciones en las que se encontraba para el momento del despido, asimismo se condena el pag.....

esta Juez del Tribunal Décimo (10°) de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DESISTIDO, la presente solicitud de Justificativo de Carga Familiar, interpuesto por el ciudadano HECTOR MANUEL MOSCOSO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V- 15.331.927, a favor de su hijo, el niño (se omite de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes), de seis (06) meses de edad.

esta Juez del Tribunal Décimo (10°) de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara DESISTIDO, la presente solicitud de Justificativo de Carga Familiar, interpuesta por la ciudadana NELYI DEL CARMEN SANCHEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V- 10.245.400, a favor de su nieta (se omite de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes)

V DISPOSITIVA Por los fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Decimo Septimo en Función de Juicio del Tribunal de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por la Autoridad que le confiere la Ley, dicta el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: CONDENA al ciudadano JUAN CARLOS BLANCO ALFARO, soy de Nacionalidad venezolana, natural de Caracas, Nacido en fecha 29-01-1979 de 31 años de edad , hijo de Laura Rosa Blanco Alfaro (V) y de Padre Desconocido, titular de la cédula de identidad Nº V-15.604.054, de estado civil soltero, de profesión u oficio Colector de Autobuses, residenciado en: Los Mangos de la Vega, Bloque Nº 01, Piso 4, Apartamento 401 Parroquia La Vega, a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISION como autor responsable del delito de ASALTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE PUBLICO, previsto y sancionado en el tercer aparte del artículo 357 del Código Penal, todo co.....

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano PEDRO VICENTE RODRIGUEZ RAMIREZ, en contra de el demandado YORDANO, ambas partes plenamente identificadas en autos. SEGUNDA: Dada la naturaleza del presente fallo y de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no hay condenatoria en costas.-

Por las razones que anteceden, esta Corte de Apelaciones de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Reenvío en lo Penal, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con el encabezamiento del artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión expresa del artículo 64 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, DECLARA PARCIALMENTE ADMISIBLE, el presente Recurso de Apelación, interpuesto en fecha 24 de noviembre de 2010, por los abogados en ejercicio TAMARA BECHAR ALTER, PATRICIA CARVALLO C., Y FERNANDO QUINTERO C., en su carácter de Defensores Privados del ciudadano JAVIER ALEJANDRO RANCEL CARVALLO, contra la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas de este mismo Circuito .....

En fuerza de las anteriores consideraciones, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Que se tenga como válida la venta privada contenida en el contrato de compra-venta cursante a los folios 11 al 15 del expediente, mientras no cambien los supuestos que le dieron origen, ya que esta decisión sólo produce efecto en la esfera jurídica del solicitante ALÍ VENTURINI VILLARROEL. SEGUNDO: Que el mencionado ciudadano, debe acudir ante el Instituto Nacional de Tierras (INTI) a solicitar la autorización a que hace referencia el artículo anterior, a los fines de la protocolización de la venta ante los Registros correspondientes.