PRIMERO: Se declara la NULIDAD de la decisión consultada de fecha 27 de enero de 2009 (folios 62 al 66), dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, mediante la cual decretó la inhabilitación del ciudadano JULIO CÉSAR MONSALVE GARCÍA y designó como curadora a la ciudadana MARÍA ALEJANDRA MONSALVE GARCÍA, así como la de los demás actos procesales subsiguientes a dicha providencia, cumplidos en el presente procedimiento. SEGUNDO: En virtud del pronunciamiento anterior, se decreta la REPOSICIÓN del presente juicio al estado en que se encontraba para la fecha en que se produjo el acto írrito, vale decir, 27 de enero de 2009, a los efectos de que el Tribunal de la causa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 734 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 740 eiusdem, ordene formalmente que el juicio se siga por los trámites del juicio ordinario, quedando la causa abiert.....

Observa esta Juzgadora, que las pruebas promovidas no fueron aportadas conjuntamente al escrito de promoción, por lo que mal podría esta Alzada concederle algún tipo de valoración jurídica a unas pruebas que no fueron producidas en físico; por otra parte, las documentales promovidas no son propiamente instrumentos públicos, medios probatorios admisibles en esta instancia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, sino actuaciones procesales y documentos consignados en el expediente, efectuados en el curso del proceso, vale decir, que se trata de pruebas admisibles en la primera instancia, previstas en los artículos 395 y 396 eiusdem, razón por la cual se niega la admisión de las referidas probanzas. Así se decide. No obstante, se advierte a la promovente, que esta Superioridad está en la obligación de analizar y valorar en la sentencia, todas las actas procesales y documentos promovidos en la instancia inferior, si lo considera necesario y perti.....

No obstante, se advierte al promovente, que esta Superioridad está en la obligación de analizar y valorar en la sentencia, todas las actas procesales y documentos promovidos en la instancia inferior, si lo considera necesario y pertinente para la resolución de la controversia o asunto sometido por vía de apelación a su conocimiento

En virtud de las consideraciones que anteceden, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, actuando en sede civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la inhibición propuesta por el Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, abogado JUAN CARLOS GUEVARA LISCANO, en fecha 19 de mayo de 2009, para seguir conociendo de la causa contenida en el expediente signado con el Nº 22160 de la nomenclatura propia de ese Juzgado, en el procedimiento incoado por la ciudadana RAFAELA RODRIGUEZ DE PARRA contra la ciudadana MARÍA ALCIRA ROJAS DE ARAQUE.

Examinada detenidamente como ha sido la declaración contentiva de la inhibición propuesta, considera el Tribunal que la misma fue hecha en forma legal y se encuentra fundamentada en motivo justificado, específicamente en la sentencia vinculante Nº 2140, de fecha 07 de agosto de 2003, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO, en concordancia con el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, de conformidad con el artículo 88 eiusdem, resulta procedente declarar Con Lugar dicha inhibición, como en efecto así se declara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. Así se decide.

En virtud de las consideraciones que anteceden, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, niega la admisión del recurso interpuesto el abogado VICTORIANO FLORES QUINTERO, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana RAMONA ANTONIA MÉNDEZ, parte actora, contra la sentencia interlocutoria dictada por este Tribunal, en fecha 30 de junio de 2009. Así se decide.

Examinada detenidamente como ha sido la declaración contentiva de la inhibición propuesta, considera el Tribunal que la misma fue hecha en forma legal y se encuentra fundamentada en motivo justificado, específicamente en el cardinal 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, de conformidad con el artículo 88 eiusdem, resulta procedente declarar Con Lugar dicha inhibición, como en efecto así se declara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. Así se decide.

Examinada detenidamente como ha sido la declaración contentiva de la inhibición propuesta, considera el Tribunal que la misma fue hecha en forma legal y se encuentra fundamentada en motivo justificado, específicamente en la sentencia vinculante Nº 2140, de fecha 07 de agosto de 2003, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO, en concordancia con el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, de conformidad con el artículo 88 eiusdem, resulta procedente declarar Con Lugar dicha inhibición, como en efecto así se declara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. Así se decide.