este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara DISUELTO el vínculo que contrajeran los ciudadanos ANA LUCIA RANGEL RODRIGUEZ y GIOVANNY ESTEBAN FLORES EREU, ya identificados, por ante la Jefatura Civil de la Parroquia Unión, Municipio Iribarren del Estado Lara, en fecha 12 de Diciembre de 1979. De dicha unión matrimonial no procrearon hijos. Ofíciese a la Jefatura Civil de la Parroquia Unión y al Registro Principal del Estado Lara. La presente sentencia queda firme en su misma fecha.

Es por las razones antes expuestas que este Tribunal de Control N° 3, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, PRIMERO: Admite Totalmente la Acusación, así como las pruebas ofrecidas por el representante del Ministerio Público. SEGUNDO: ACUERDA LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS, manifestada por la acusada DORIS DEL CARMEN OLIVERO PARADA , de conformidad con el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia CONDENA a la ciudadana DORIS DEL CARMEN OLIVERO PARADA anteriormente identificado , a cumplir la pena de DOS(2) AÑOS Y 6(SEIS) MESES DE PRISION, por la comisión del delito de HURTO AGRAVADO ,previsto en el articulo 455 ordinal 1 del Código Pena TERCERO: Se acuerda Mantener la medida de cautelar bajo presentación de conformidad con el articulo 256 ordinal 1 del Código Penal . Remítase las presentes actuaciones al Tribunal para la ejecución, una vez transcurrido el lapso legal. CUARTO: Se acuerda, remitir cop.....

Se Acordo la rectificación en el sentido de que se asiente correctamente el domicilio del solicitante como "Sector Loyola entre Calles San José y El Rosario"; la fecha de fallecimiento de su padre como "Treinta de Octubre del presente año"; la dirección donde estaba domiciliado el padre del solicitante como: "Bloque 14"; colocar a la cónyuge del difunto como "Difunta" y el nombre del hijo del difunto como "Duglas", quedando sin efecto: "La Hoyola", "Calle San Juan", "TREINTA Y UNO DE OCTUBRE", "Bloque 12" y "Douglas"

Este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, por la competencia atribuida en el literal "a" del Parágrafo Primero del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y de acuerdo a lo establecido en los artículos 8, 315, 385 y 387 ejusdem, HOMOLOGA el acuerdo suscrito por los ciudadanos RICARDO ALBERTO GUTIÉRREZ URRIETA y MILENA TERESA OVIEDO BRICEÑO, ya identificados, y fija el siguiente régimen de visitas a favor del niño Identidad omitida de conformidad con lo previsto en el artìculo 65 de la Ley Organica Para la Protección del Niño y del Adolescente

Este Juzgado del Municipio Morán de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana Venezuela y por Autoridad de la Ley, imparte LA HOMOLOGACION al Desistimiento de la presente acción y procedimiento, de conformidad con la norma contenida en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.- Archívese el Expediente respectivo.- El Juez Temporal, Dr. Ramón Alvarez Suárez. La Secretaria, Abg. Yosglide Duin León.- En la misma fecha se cumplió lo acordado y se ARCHIVO el expediente.- La Sec. EXPEDIENTE N° 561-06 CIVIL. DEMANDADO: NUMA JOSE BRACAMONTE DEMANDANTES: ADIBY ABEL Y ALEANDER RODRIGUEZ. MOTIVO: INTERDICTO PROHIBITIVO DE OBRA NUEVA. Magalis V.-

Por las razones expuestas, este Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en funciones de Control Nº 1, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, decreta el ARCHIVO de las actuaciones en el presente asunto seguido a los ciudadanos JORGE DAVID DIAZ ARGUELLO CÉDULA DE IDENTIDAD N° 17356848, JORGE LUIS COLMENÁREZ CÉDULA DE IDENTIDAD N° 17354891 Y DAVID JOSÉ GARMENDIA CÉDULA DE IDENTIDAD N° 22324718, se ordena el cese de su condición de imputado y de las medidas de coerción personal, cautelares y de aseguramiento que le fueran impuestas. Se deja constancia que la investigación puede ser reabierta si surgen nuevos elementos que lo justifiquen y previa autorización del Juez. Notifíquese a las partes y Ofíciese lo conducente. Cúmplase.

PRIMERO: : ADMITIR TOTALMENTE LA ACUSACIÓN interpuesta por el Fiscal Séptimo del Ministerio Público, en contra del ciudadano WILLIAM ANTONIO CORDERO, como autor del delito de ROBO AGRAVADO, tipificado en el artículo 460 del Código Penal. SEGUNDO: ADMITIR LOS MEDIOS DE PRUEBA ofrecidos por el Ministerio Publico para el juicio oral, por considerar la juzgadora que los mismos fueron lícitamente obtenidos, legalmente incorporados al proceso y no ser contrarios a la ley, por lo que se consideran pertinentes y necesarios para la búsqueda de la verdad. Igualmente, ADMITIR EL MEDIO DE PRUEBA ofrecido por la defensa del acusado para el juicio oral, por las mismas razones. TERCERO: NEGAR LA MEDIDA CAUTELAR solicitada por la defensa del acusado, por considerar que la misma es improcedente, y en su lugar acuerda SE MANTENGA SU PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, considerando que aún se mantienen vigentes los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: .....

Se declaró TITULO SUPLETORIO sobre la propiedad que ejerce el ciudadano Ricar Pcheco, dejando a salvo los derechos de terceros.

DECLARA CON LUGAR la solicitud de divorcio y por consiguiente DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL contraído por los ciudadanos MARIA DE LA CONCEPCION ALVARADO y JOSE MARIA MELENDEZ CASTELLANO, por ante la Jefatura Civil del Municipio San Felipe del Estado Yaracuy, en fecha: 13 de agosto de 1983, bajo el No. 226,

este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de ELENA MARIA ROA QUINTERO, antes identificada, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa. Devuélvase las actuaciones a la parte interesada, y déjese copia del presente decreto y tómese nota en el Libro Diario llevado en el Tribunal.*ycp*