En consecuencia, en atención a lo previsto en el articulo Séptimo de La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales SE DECLINA LA COMPETENCIA para conocer de la presente Acción Autónoma de Amparo Constitucional con Solicitud de Medida Cautelar Innominada en el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Zuliana, con sede en las ciudad de Maracaibo, y competencia en el Estado Zulia

Vistos los términos en que ha quedado planteada la presente controversia, este Tribunal, tomando en consideración la dinámica procesal de la causa y el lapso de inactividad que se deduce de autos; considera pertinente determinar como punto previo si se ha producido la prescripción de las presuntas obligaciones tributarias objeto de controversia.

Vistos los términos en que ha quedado planteada la controversia, este Tribunal observa que la misma se circunscribe a determinar: i) Si el acto recurrido es nulo por incompetencia de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por ser el órgano del cual emanó; ii) Si el acto recurrido es nulo por haber sido dictado con ausencia de procedimiento legal y violación del derecho a la defensa; iii) Si la Providencia recurrida esta viciada por vicio de falso supuesto, al considerar que los impuestos indirectos no pueden ser objeto de compensación, según lo dispuesto en el Parágrafo Primero del artículo 46 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable ratione temporis; iv) Si la Providencia recurrida es violatoria del principio de la igualdad; v) Si resulta procedente la compensación opuesta; y vi) Si son improcedentes los intereses moratorios determinados en la.....

Cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio y, por las razones que han sido analizadas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la recurrente "COMERCIAL GOMESOUS, C.A.", en contra la Resolución No. RCA-DJT-CRA-2005-000408 de fecha 15 de julio de 2005 (folios 04 al 10), emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Seniat, en cuyo texto declaró INADMISIBLE el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente contra la Resolución (Imposición de Sanción) No. RCA-DFL-2002-8741-01706 de fecha 04-11-2002 y su correspondiente planilla de liquidación No. 01-01-10-1-2-47-002149 de fecha 26 de junio de 2003, por un monto de BOLÍVARES FUERTES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CON CERO CÉNTIMOS (Bs.F. 485,00), sanción que se le impuso por llevar con retraso el Libro de Registro.....

Visto el escrito de PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL, presentado, y los recaudos que la acompañan, por los ciudadanos RAUL JOSE SALAS HEREDIA y XIOMARA RAMIREZ LUQUE, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, divorciados, titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.606.099 y 4.975.886, respectivamente, asistidos por el abogado en ejercicio Jesús Ramírez Mejias, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro 111, en la cual convienen en partir y liquidar la comunidad conyugal de amistoso acuerdo de conformidad con lo previsto en el artículo 788 del Código de Procedimiento Civil. Este Tribunal le imparte su HOMOLOGACIÓN en los mismos términos expuestos.

-II- En consecuencia, esta Sala de Juicio acogiendo el criterio antes señalado, de conformidad con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, procede a la corrección del error material antes delatado, por consiguiente donde dice: ... (...)., debe leerse lo siguiente: "... (...)...", en consecuencia, téngase la presente resolución como parte integrante de la sentencia proferida en fecha 02 de Mayo de 2008, así como también se acuerda expedir copia certificada de la presente resolución, y ASI SE DECIDE. Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio Novena del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de Mayo del año dos mil ocho (2008). Años: 198 de la Independencia y 149 de la Federación. LA JUEZ LA SECRETARIA Abog. NURYVEL A PEÑA GONZALEZ INGRIT RONDON ASUNTO: AP51-S-2007-005240 NAPG.

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado ACACIO SABINO, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, en contra de la sentencia de fecha DIECISIETE (17) de ENERO de 2008 dictada por el Juzgado OCTAVO de Primera Instancia de JUICIO de este Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: CON LUGAR la defensa de prescripción interpuesta por la parte demandada COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA. TERCERO: SIN LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano WIILLIAM RÍOS FELCE, contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV). No hay condenatoria en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica procesal del Trabajo. Se confirma el fallo recurrido, con otra motivación.

Por todas las consideraciones, este Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: Desistido el recurso de apelación ejercido por la parte actora contra la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 28 de marzo de 2008. Segundo: Con lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandada, contra la misma decisión. Tercero: Con lugar la defensa de prescripción. Cuarto: Sin lugar la demanda incoada por el ciudadano Rommel Neptalí Mendoza Gómez contra la empresa Radio Caracas Televisión C.A (RCTV). Quinto: Se revoca la sentencia recurrida. Sexto: Se condena en costas a la parte actora, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

El Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Venta con Reserva de Dominio, DECRETA MEDIDA DE SECUESTRO. a los fines de la entrega de dicho vehículo a la parte actora de conformidad con lo establecido en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, se exige FIANZA suficiente por la cantidad de (Bs. f. 39.852,65),

DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.-