por lo que resulta forzoso para este Tribunal declarar improcedente la presente acción de amparo constitucional de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que no existe actuación alguna por parte del tribunal accionado que implique violación de derechos constitucionales. Así se decide. Dadas las características del presente fallo, no hay especial condenatoria en costas. En este estado el Tribunal se reserva el lapso de cinco (5) días hábiles para dictar el texto integro del fallo. Asimismo, ordena agregar a los autos el escrito presentado por la representación del Ministerio Público. Es todo, terminó y sin observaciones firman.-

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado José Gregorio García Rodríguez, actuando en su propio nombre contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 04 de febrero 2010, que negó la solicitud de medida de Prohibición de Enajenar y Gravar. SEGUNDO: SE CONFIRMA la sentencia de fecha 04 de febrero de 2010, dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. TERCERO: Dada la naturaleza del presente juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas. Publíquese, Notifíquese y Regístrese, déjese copia certificada de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

ADMITE el recurso de casación, interpuesto por la ciudadana Maria Esperanza Rodríguez Viudes, titular de la cedula identidad Nº 5.968.016, debidamente asistida, por el abogado Rafael Antonio Rodríguez V, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 74.034, contra la sentencia dictada por este Tribunal en fecha veintitrés (23) de abril de dos mil diez (2010).

este Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 251 eiusdem, DIFIERE el acto de dictar sentencia en este proceso, para dentro de los treinta (30) días siguientes a esta fecha. Para el caso de que no se pronuncie el fallo dentro del lapso aquí fijado, el Tribunal deberá notificar a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para ejercer el recurso de casación, si fuere el caso.-