en consecuencia de ello y por cuanto la parte actora no acompaño al libelo de la demanda prueba de que exista una sentencia en la cual se califique la comunidad concubinaria de la ciudadana MARTHA ISABEL CORREA VALDERRAMA con el ciudadano MARCELINO BOLDU SOBERA, identificado up Supra, este Tribunal declara INADMISIBLE la presente demanda. Y así se decide.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada SUSANA YAGUARACUTO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 67.185, apoderada judicial de la ciudadana TAMARA MAIGUALIDA BLANCO FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.993.664, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 593 de fecha 12 de junio de 2008, dictado por el Alcalde del Municipio Libertador.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de embargo solicitada.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PROCEDENTE la oposición formulada por el abogado FRANCISCO GARCÍA PINEDO, actuando en su carácter de representante judicial del Municipio Autónomo Acevedo del Estado Miranda. En consecuencia: SE REVOCA parcialmente la decisión dictada por este Juzgado en fecha 10 de junio de 2009, únicamente en lo concerniente a la orden dada al Municipio Autónomo Acevedo del Estado Bolivariano de Miranda, referida al deber de prestar caución u alguna otra garantía para la eficacia de la medida otorgada, quedando firme la orden dirigida a las ciudadanas NADIA AKEL UZCÁTEGUI, AMÉRICA AKEL UZCÁTEGUI y DELIA AKEL UZCÁTEGUI en la misma fecha, de cesar de forma inmediata cualquier construcción o modificación que se estuviese ejecutando en los lotes de terreno objeto de la presente causa y abstenerse de.....

En mérito de las consideraciones anteriores, este Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda por Cobro de Prestaciones Sociales incoada por el ciudadano José Leonardo García contra la empresa La Copelancita de Venezuela, C.A. SEGUNDO: Se condena a la parte demandada al pago de la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 5.835,61).

Por todos los razonamientos de hecho y derecho anteriormente expuestos esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, de conformidad con el encabezamiento del artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, declara: 1) Admite el recurso de apelación interpuesto por el abogado Rodolfo Jesús Flores Dugarte, Defensor Octogésima Primera (81º) Penal, en su carácter de defensor del ciudadano Allan Alberto Sánchez Planchet, contra la decisión del 16 de junio de 2009, por la Juez Décima (10º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual decretó medida de privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 250.1.2.3, artículo 251.2 y parágrafo primero y 252.2, todos del Código Orgánico Procesal Penal, al imputado de.....

(...) En lo atinente a la Prueba de Informes promovida en el Capítulo III del escrito de promoción de pruebas con la finalidad de oficiar al INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, este Tribunal la admite en cuanto ha lugar en derecho. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la norma del artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se ordena oficiar al INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES a los fines que remita a este Tribunal dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo del oficio la información solicitada en el escrito de promoción de pruebas de la parte demandada. ASÍ SE ESTABLECE. (...)

(...) En lo atinente a las Documentales consignadas como anexos del escrito de promoción de pruebas e insertas en los folios cuarenta y cuatro (44) al setenta y cinco (75) (ambos folios inclusive) del expediente, el Tribunal las admite en cuanto ha lugar en derecho. En consecuencia, procédase a su control y evacuación en la Audiencia de Juicio correspondiente. ASÍ SE ESTABLECE. (...)

Por todos los razonamientos antes expuestos éste Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Parcialmente Con Lugar la demandada incoada por la ciudadana JESSICA MARQUEZ MENDEZ contra las empresas JARDIN LAS MERCEDES C.A., JARDINERIA VERACRUZ C.A., y en forma personal contra los ciudadanos ANTONIO MENDES DA SILVA, NELSON DE SOUSA TEIXERA, FRANCISCO MARQUEZ ROCHA y MANUEL CARLOS GOMEZ DE SOUSA. SEGUNDO: No hay especial condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Décimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR, la demanda interpuesta por los ciudadanos RAFAEL BLANCO, LUIS ALBERTO HEREDIA QUEVEDO y CARLOS AUGUSTO RUGGIERI DIAZ, en contra de la empresa EQUIPOS OREGANO, C.A; propietaria del Fondo de Comercio RESTAURANT BRIAGO CAFE, ambas partes plenamente identificadas anteriormente. SEGUNDO: Se ordena el pago de los conceptos declarados procedentes en la motiva a cada uno de los accionantes; así como el pago de los intereses sobre prestación de antigüedad, intereses de mora e indexación judicial, todo ello de conformidad a lo establecido en la doctrina vinculante de la Sala de Casación Social de nuestro Máximo Tribunal, en su sentencia N 1.841 de fecha 11 de noviembre de 2008, caso José Surita contra MALDIFAS.....