se decreta medida de PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR

DECRETA medida de prohibición de enajenar y gravar, planteada por la parte actora en el libelo de la demanda, y así se declara.

De las disposiciones antes citadas se aprecia, efectivamente, que el presente asunto debe ser remitido al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en funciones de distribución, a los fines de que se resuelva el conflicto de competencia planteado; y, en consecuencia determine cuál es el Tribunal competente para conocer, tramitar y decidir el presente asunto. Así se establece

DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1. ACEPTA la competencia declinada por el Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para conocer la querella funcionarial interpuesta por la abogada María Fernanda Pulido Febres, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.9 bajo el N° 97.725, actuando en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos Vicente Segundo Valero Durán y Néstor Luis Urdaneta Ávila, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 4.061.810 y V- 5.061.670, respectivamente, contra la República Bolivariana de Venezuela por Órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. 2. INADMISIBLE la querella funcionarial interpuesto de conformid.....

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por el abogado Stalin A. Rodríguez S., actuando como apoderado judicial de la ciudadana ELIZABETH JOSEFINA SARMIENTO DE GONZÁLEZ, contra la República Bolivariana de Venezuela (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN). SEGUNDO: Se ordena al Organismo querellado pagarle a la querellante los intereses moratorios causados por retardo en el pago de prestaciones sociales, ello desde la fecha 1º de agosto 2003 hasta la fecha 29 de noviembre de 2006, lo cual debe hacerse sin capitalizarlos, así como también la cancelación de la cantidad de quinientos setenta y un mil ciento cincuenta y cuatro bolívares con cuarenta y cuatro céntimos (Bs. 571.154,44) hoy quinientos se.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada por los abogados OMAR ALBERTO MENDOZA y FERNANDO ANDUEZA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 66.393 y 112.138, respectivamente, en su carácter de apoderadas judiciales del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) contra la ciudadana LILA JOSEFINA RICO DE NAVAS, titular de la cédula de identidad Nº V.- 4.435.060.-

En consecuencia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara el DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO. Igualmente, se insta a las partes a retirar los escritos de promoción de pruebas y anexos aportados al inicio de la Audiencia Preliminar una vez vencido el lapso de impugnación de la presente decisión. PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 150 y 199.

DISPOSITIVA Este Tribunal Segundo (2º) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, "Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley" DECLARA: PRIMERO: CONDENA al ciudadano JAVIER ENRIQUE TORO PALACIOS, de nacionalidad Venezolana, natural de Barlovento ¿ Estado Miranda, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-13.822.487, residenciado en Los Magallanes de Catia, Calle La Plana, casa sin número, Municipio Libertador, Distrito Capital, a cumplir la pena de SEIS (06) AÑOS y SEIS (06) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO tipificado en el artículo 458 del Código Penal, en relación con los artículos 37 y 74 ordinal 4º Ejusdem, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, asimismo, se le impone de la pena accesoria prevista en el artículo 16 ordinal 1° del Código Penal, refe.....

esta Sala 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Pena del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada BONIMAR CARRION, en su condición de Fiscal Septuagésima Cuarta del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en contra del fallo proferido por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Función de Juicio de este Circuito Judicial Penal, el 22 de abril de 2009, en el juicio oral y público, mediante la cual decretó el sobreseimiento de la causa seguida a los ciudadanos NELSÓN CANDOSIN MARCHETTI y PRIMO CANDOSIN MORO, por la comisión del delito de ESTAFA previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal reformado, por haber operado la prescripción ordinaria de la acción, de conformidad con lo previsto en el artículo 108.5 del Código penal, y artículo 318.3 en relación con el artículo 48.8, ambos del Có.....

Por todos los razonamientos antes expuestos éste Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, de la Circunscripción Judicial de la circunscripción judicial del Area Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Con Lugar la solicitud Calificación de despido incoada por la ciudadana DAYERLING GABRIELA IZQUIERDO HERRERA contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA POR ORGANO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN. SEGUNDO: No hay especial condenatoria en costa de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. La presente decisión ha sido dictada y publicada dentro del lapso legal previsto, en el entendido que las partes se encuentran a derecho para interponer el recurso de ley que consideren contra el presente fallo.