Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisibilidad del recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los abogados Alexis Margarita Pinto D´Ascoli y Guillermo Javier Trujillo Hernández, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Banco Bicentenario, Banco Universal, C.A., contra el acto administrativo dictado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, antes Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, contenido en la Resolución número 026.11 de fecha 24 de enero de 2011, notificada a su representada en esa misma fecha mediante oficio número SIB-DSB-CJ-PA00792.

Auto mediante el cual se admitió el recurso el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogado María Parra y Oscar Viña Rivero, contra el acto administrativo N° PS-015-01 de fecha 09 de enero de 2009, dictado por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).

Se dictó auto mediante el cual, este Juzgado de Sustanciación ordenó notificar a la ciudadana Fiscal General de la República, Procuradora General de la República, al ciudadano Contralor General y Procurador General del Estado Lara, a los fines de la continuación del curso de ley, en virtud de que la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 14 de junio de 2010, admitió el presente recurso.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación ordenó notificar a los ciudadanos Fiscal General de la República, Procuradora General de la República y Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación ordenó notificar a los ciudadanos Fiscal General de la República, Procuradora General de la República y Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación ordenó notificar a los ciudadanos Fiscal General de la República, Procuradora General de la República y Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.