Visto el escrito recursivo presentado en fecha 18 de marzo de 2010, por ante el Juzgado Superior (Distribuidor) Primero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el profesional del derecho Humberto Decarli R., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el N° 9928, actuando con la condición de apoderado judicial de la ciudadana Irene Margarita González Lucena, titular de la cédula de identidad Nº 5.144.853, contra el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras; se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por no estar incurso en las causales de inadmisibilidad contenidas en el quinto aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia

Visto el escrito solicitud de acción de amparo constitucional autónomo interpuesto en fecha 23 de marzo del corriente año, ante el Juzgado Superior (Distribuidor) Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que presentare la profesional del derecho Zulay Piñango, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 87.605, en su condición de apoderado judicial y Procuradora de Trabajadores del ciudadano Luis Alfonso García, titular de la cédula de identidad Nº V-10.814.831, contra Venezolana de Investigación (VINSA VEINPRO); por la presunta violación de los derechos constitucionales relativos al Trabajo; recibido en este Tribunal en fecha 24 de marzo de 2010, previa distribución de causas, quedando signada con el Nº 2010-1096. Revisado como ha sido el escrito solicitud y los recaudos con él acompañados, se evidencia que cumple con los requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Const.....

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: Primero: Negar la medida cautelar de suspensión de los efectos solicitada conforme a lo previsto en el artículo 21.21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por no encontrarse cubierto los requisitos de procedencia antes aludidos. Segundo: Notificar a las partes del contenido de la presente decisión remitiéndoles copias certificadas de la presente decisión

Visto el escrito recursivo presentado en fecha 18 de marzo de 2010, por ante el Juzgado Superior (Distribuidor) Primero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el profesional del derecho Humberto Decarli R., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el N° 9928, actuando con la condición de apoderado judicial de la ciudadana Alexis Josefina Hernández Laya, titular de la cédula de identidad Nº 5.580.791, contra el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras; se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por no estar incurso en las causales de inadmisibilidad contenidas en el quinto aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia