En virtud de los fundamentos que precedentemente se han expuesto, éste Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECIDE: -PRIMERO: Se declara consumada LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa que por OFERTA REAL Y DEPOSITO, presentada por la Sociedad Mercantil CORPORACION INMOBILIARIA COMERCIAL 2096, C.A., al ciudadano ARTURO JOHAN MARCANO MILLAN, supra identificados. -SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, se declara EXTINGUIDO el presente proceso, con el expreso señalamiento a la parte actora, que para volver a proponer la acción que nos ocupa, deberá dejar transcurrir íntegramente el lapso previsto en el artículo 271 ejusdem. -TERCERO: No se hace especial condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.....

III DECISIÓN Por las motivaciones precedentes, este JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley dicta la siguiente decisión: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la oposición a la medida de secuestro decretada por este Despacho el 21 de octubre de 2013; SEGUNDO: Se confirma el decreto de la medida de secuestro dictado por este Juzgado el 21 de octubre de 2013, sobre Local oficina, distinguido con el número 410, ubicada en el Segundo piso, del Centro Comercial CONCRESA de Prados del Este, Municipio Baruta del Estado Miranda, con un área de CIENTO CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (147,54 M2); en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR VENCIMIENTO DE LA PRÓRROGA LEGAL, incoaran los ciudadanos FELICIANO GONZÁLEZ VILLASANA, ALEJANDRO GONZÁLEZ VILLASANA Y MARÍA CONSUELO GONZÁLEZ VILLASAN.....

DISPOSITIVA Con fuerza en la motivación anterior esta Sala Dos de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando a tenor de lo pautado en el artículo 428 y 442 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el abogado CESAR A. MIRAVAL MATA, en su carácter de defensor privado de la ciudadana LISSETT DEL VALLE MOYA MARCELLA, conforme al artículo 439 numerales 4, 5 y 7 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra la decisión dictada en fecha 30 de Enero de 2014, por el Juzgado Trigésimo Sexto (36°) de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual decretó a su representada la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con los artículos 236 numerales 1, 2 y 3, 237 numeral 3, y 2.....

Ahora bien, consta de autos que en fecha catorce (14) de marzo del presente año compareció la apoderada judicial de la parte actora y mediante diligencia que riela en este expediente al folio cuarenta y tres (43), DESISTIÓ DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, en nombre de su representado y solicitó del tribunal la respectiva homologación de ese acto, por lo que este tribunal evidenciado como se encuentra que la parte demandante tiene plena capacidad para disponer del objeto sobre el que versa la controversia y su apoderado tiene la representación que se atribuye la cual le confiere facultad para este acto, este Tribunal Administrando Justicia, en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN y da por consumado el procedimiento a los efectos extintivos de la instancia según lo establecido en los artículos 265 y 266 del Código de Procedimiento Civil.

IV DECISIÓN En mérito de lo anterior, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la abogada Ely Dayana Mendoza Mogollón, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 121.997 en su carácter de apoderada judicial del ciudadano PEDRO VICENTE LÓPEZ MONASCAL, titular de la cédula de identidad Nº V-5.216.451, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº INE/2012-2333 de fecha 29 de noviembre de 2012, mediante el cual fue removido del cargo de Coordinador de Control Posterior y de Gestión, adscrito a la Auditoria Interna del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE). Se ordena imprimir Dos (02) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, el primero se inserta en el presente expediente y el segundo en el libro de copiador que lleva este Órgano .....

III DECISIÓN En mérito de lo anterior, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por los abogados Jorge Prada y Amalia Carolina de Pietri, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 103.141 y 110.281, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano AMNEL JOSÉ ALVAREZ, titular de la Cédula de Identidad Nº 13.711.569, contra el Acto Administrativo contenido en el Oficio identificado PMS/DS/0503-13 de fecha 15 de julio de 2013 emanado del INSTITUTO AUTÓNOMO POLICIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA, mediante el cual se notificó de su retiro del cargo de Oficial Agregado que desempeñaba en la referida Institución. Se ordena imprimir Dos (02) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, el primero se inserta en el presente expediente y el segundo en el.....

Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara: CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto la ciudadana SANDRA MILAGROS PAPA FLORES, titular de la cédula de identidad Nº V-10.530.477 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 93.300, actuando en su propio nombre y representación ontra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA a través del DEFENSA PUBLICA, en consecuencia:  Se declara NULO el acto administrativo signado cosan el Nº DDPG-2013-106 de fecha 14 de marzo de 2013, dictada por el Defensor Público General, contentiva de la sanción disciplinaria de amonestación. Publíquese, regístrese y notifíquese a la Procuraduría General de la República de conformidad con el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor, y Fuerza de Ley de Reforma Pa.....

En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de funcionarial ejercido por los abogados Luis Allegri Espejo y Pedro Martos Salas, Inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nros. 92.837 y 94.593, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano Ángel Arturo Runque Aramburu, venezolano, mayor de edad y titular de la Cedula de Identidad Nº 14.743.449, contra el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.

Ahora bien, estando dentro de la oportunidad procesal para admitir la presente querella funcionarial prevista en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.522 del 06 de septiembre de 2002, revisadas como han sido las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447, del 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 del 22 de junio de 2010 y verificados los requisitos exigidos en el artículo 33 de la indicada Ley que regula la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal ADMITE cuanto ha lugar en derecho la referida querella. En consecuencia, se ordena citar al ciudadano SÍNDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO EULALIA BUROZ DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, a los fines d.....