En relación a lo solicitado por la parte demandante, se observa que en el escrito libelar se reclamó el pago de las prestaciones sociales, vacaciones, bono vacacional y utilidades, tomando como salario la propina, el recargo por trabajo en jornada nocturna, los días de descanso y feriados; y el recargo por el exceso de la jornada de trabajo específicamente las horas extras como se desprende al vuelto del folio 2; y el beneficio de alimentación, de los cuales se pronunció esta instancia en la sentencia dictada. Así pues, no se observa en el extenso del escrito libelar reclamo alguno por días de descanso y feriados trabajados, por lo que menos puede existir pronunciamiento del Tribunal, a tenor de lo previsto en el Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil. Por otro lado, el fundamento de la apelación se centró en la naturaleza de la jornada de trabajo cumplida por el trabajador y las diferencias generadas por el bono nocturno, horas extras y propina, en la cuantificación de los .....

Al respecto, es importante señalar que declarar la inadmisibilidad no tiene por finalidad evitar la sustitución ilícita de la prueba de informes por la prueba documental, sino que debe verificarse si se cumplió o no con los extremos legales para su procedencia. Ahora bien, partiendo de lo anterior, consta en los escritos de promoción de pruebas del recurrente (folio 17 al 22), la solicitud expresa de la prueba de informes, con lo cual se cumple el primer requisito; en el que requiere del Registro Mercantil Primero y Segundo de esta Circunscripción Judicial, y al Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, oficinas públicas en las cuales se encuentran los documentos que contienen la información, cumpliéndose el segundo requisito. Por último, la solicitud esta dirigida a determinar la participación o no de la persona natural en las sociedades mercantiles demandadas, ya que la demandante alega la responsabilid.....

Para demostrar sus alegatos, la parte recurrente consignó en la audiencia de apelación ejemplares de algunos diarios regionales que reseñan entre sus noticias el cierre de la autopista Florencio Jiménez el día 29 de septiembre de 2014 (folios 33 al 35); así como, impresión extraída del SENIAT, respecto al Registro de Información Fiscal de la firma unipersonal y constancia de residencia emitida por el Consejo Comunal de Tintorero, que señala el domicilio del demandado, los cuales se les otorga pleno valor probatorio; y confirma los dichos del recurrente en la audiencia celebrada. Ahora bien, visto el caso fortuito ocurrido al accionado, que lo imposibilitaron a estar presente al momento de celebrarse la audiencia preliminar, se cumplen con los extremos previstos en el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En consecuencia, se tienen razones justificadas que motivaron la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar, por lo que se declara con lugar el r.....

Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, y como consecuencia de ello, LA EXTINCIÓN DEL PROCESO. Así se decide.

Entonces, como la providencia administrativa que se pretende ejecutar, fue dictada en fecha 22 de julio de 2013; resulta plenamente aplicable el artículo 4 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores (LOTTT) antes referido, correspondiendo al Inspector del Trabajo a agotar sus nuevas competencias en materia de ejecución. Por todo lo anterior, queda evidenciado que existen vías ordinarias para ejecutar la providencia en sede administrativa, las cuales debe agotar, para poder acudir a los órganos jurisdiccionales; resultando forzoso para quien aquí decide ratificar la inadmisibilidad de la pretensión de amparo constitucional interpuesta, conforme a lo previsto en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y así se decide. Lo decidido, encuentra además, su basamento jurisprudencial en la citada decisión N° 428 de fecha 30 de abril de 2.013, en la que de forma expresa se señaló que "en los casos que se susci.....

Verificados estos argumentos, así como las circunstancias fácticas excepcionales para acudir a la acción de amparo sin agotar las vías ordinarias establecidas en el ordenamiento jurídico, este juzgador observa que en el presente asunto la pretensión de amparo se encuentra dentro de uno de esos casos específicos en los que debe dársele procedencia y además preferencia frente a los procedimientos ordinarios para atacar la presunta lesión constitucional aducida por la querellante. Lo anterior tiene su fundamento, en que dada la reiterada e insistente urgencia invocada por la ciudadana YOLIMAR JOSEFINA FREITEZ en base al posible agravamiento de su estado de salud, queda evidente que el uso de otros medios o procedimientos, en virtud de la premura de la situación que la afecta, no dará satisfacción a la pretensión deducida. De igual manera, dadas las circunstancias particulares del caso y de manera excepcional, se estima que en el presente asunto la recurrente puede sufrir una des.....

En consecuencia del análisis de lo anteriormente descrito, se evidencia que las partes se encuentran expresamente facultadas para llevar a cabo este convenimiento y asimismo por cuanto el mismo no es contrario a Derecho y versa sobre derechos disponibles, y reunido los requisitos de ley, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, le imparte la correspondiente homologación, y así se establece. Téngase el mismo como sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada. Se suspende la medida decretada en fecha 30/09/2014.-

este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara SIN LUGAR la pretensión de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO de OPCIÓN A COMPRA VENTA, intentada por el ciudadano JULIO CESAR SILVA ARANGUREN contra la ciudadana VILMA COROMOTO HERNÁNDEZ TIMAURE, previamente identificados.

Se dictó SENTENCIA INTERLOCUTORIA, mediante la cual se declaró INADMISIBLE EL RECURSO DE REGULACIÓN de la COMPETENCIA, planteado en fecha 16 de octubre de 2014, por los abogados abogados Néstor Álvarez Yépez, Jackson Pérez Montaner y Antonio José García Rivero, en su carácter de apoderados judiciales de la parte actora, contra la decisión dictada en fecha 8 de octubre de 2014, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en el juicio por protección de derechos e intereses colectivos. En consecuencia, se declara que debe continuar conociendo el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÖN JUDICIAL DEL ESTADO LARA.

En virtud de lo antes expuesto este Juzgado administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la acción de AMPARO CONSTITUCIONAL intentada por los Abogados CARMEN ADRIANA UZCÁTEGUI, NICOLÁS JIMÉNEZ VELÁSQUEZ, LUIS AZOCAR AZOCAR y WILMER PORTILLO RANGEL, apoderados de la parte querellante, ciudadano GONZALO CASTILLA ALMEIDA, contra la parte querellada JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO IRIBARREN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, y actuando como Tercero Adhesivo o Interesado la ciudadano HENRIQUE SOUSA MENDOCA, por medio de su representante CARLOS ALBERTO RUIZ MONTES, inscrito en el I.P.S.A., bajo el Nº. 92.450, de este domicilio.