D I S P O S I T I V A Con fuerza en la motivación anterior esta SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano ABG. JORGE PAREDES HANY, en su condición de Defensor Privado del ciudadano DEIVI JOSÉ ROMERO SOSA, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Quincuagésimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, a cargo de la ciudadana DRA. YELIZ JIMÉNEZ OMAÑA, de fecha 20 de Mayo del año que discurre, mediante la cual le decretó Medida Privativa Judicial Preventiva de libertad a su defendido. En tal sentido, se modifica el pronunciamiento segundo de la Audiencia para Oír al Imputado, de fecha 20 de Mayo de 2008, en cuanto al delito de ROBO AGRAVADO, .....

PRIMERO: Desistida la apelación interpuesta mediante diligencia de fecha 25 de abril de 2.007, por el ciudadano, abogado JESUS CORUJO PÉREZ, actuando en su propio nombre y como co-apoderado judicial de la parte querellante, ciudadanos: JOSÉ LUIS SÁNCHEZ, GUSTAVO ADOLFO SIERRA MORA, MICHELE DEMATEIS, VIDAL JOSÉ LARA TORREALBA, ALFONSO ANTONIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO LÓPEZ PÉREZ, PEDRO JOSÉ PERALTA NAVAS, ISIDRO TORREALBA CABEZA, ELIGIO RAFAEL BEOMON, HILARIO MARTÍN RODRÍGUEZ BARROS, JORGE DARIAS ARÉVALO y JOSÉ YTRIAGO . SEGUNDO: Se ordena de oficio reponer la presente causa al estado de que el Juzgado de Primera Instancia del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en Valle de la Pascua, admita nuevamente la demanda, sustancie y decida, sólo en relación a los contratos en los cuales sea competente por el territorio, vale decir, únicamente y exclusivamente, que establezcan como domicilio especial el Estado Guárico. TERCERO: Dad.....

Por las razones antes expuestas, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la oposición a la ejecución de la hipoteca mobiliaria ventilada en este juicio y en consecuencia, IMPROCEDENTE la suspensión del procedimiento. SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior, se declara CON LUGAR la demanda que por EJECUCIÓN DE HIPOTECA MOBILIARIA intentó BFC BANCO FONDO COMÚN, C.A., BANCO UNIVERSAL contra INTER SEA FARMS DE VENEZUELA, C.A., y FIRME el decreto intimatorio de fecha 15 de mayo de 2006. TERCERO: Se condena a la parte accionada INTER SEA FARMS DE VENEZUELA, C.A., a pagar a la parte accionante BFC BANCO FONDO COMÚN, C.A., BANCO UNIVERSAL, las cantidades dinerarias siguientes: A): SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON CINCUENT.....

Por las razones antes expuestas, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la oposición a la ejecución de la hipoteca mobiliaria ventilada en este juicio y en consecuencia, IMPROCEDENTE la suspensión del procedimiento. SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior, se declara CON LUGAR la demanda que por EJECUCIÓN DE HIPOTECA MOBILIARIA intentó BFC BANCO FONDO COMÚN, C.A., BANCO UNIVERSAL contra INTER SEA FARMS DE VENEZUELA, C.A., y FIRME el decreto intimatorio de fecha 15 de mayo de 2006. TERCERO: Se condena a la parte accionada INTER SEA FARMS DE VENEZUELA, C.A., a pagar a la parte accionante BFC BANCO FONDO COMÚN, C.A., BANCO UNIVERSAL, las cantidades dinerarias siguientes: A): SESENTA MILLONES CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLIVARES CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. 6.....

Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación de Sentencia, interpuesto por la ciudadana Abg. NELLYTZA AZUAJE, DEFENSORA (ENCARGADA) PÚBLICA TRIGESIMA PRIMERA (31°) PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, con fundamento en el artículo 452, numeral 2 y 3, en su condición de Defensora de los ciudadanos Acusados LUZ MARY BARAZARTE PINO y EDWIN HUMBERTO CASTILLO MOSQUERA, en contra de la Sentencia dictada por el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 28 de Noviembre de 2007, mediante la cual Condenó a los ciudadanos Acusados EDWIN HUMBERTO CASTILLO MOSQUERA y LUZ MARY BARAZARTE PINO, titulares de la cédula de identidad N° 6.248.031 y N° 12.748.105, respectivamente, a cumplir la pena de doce (12) años de presidio por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal y COOPERACIÓN INMEDIATA EN EL DELITO DE HOMI.....

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, la acción incoada por el ciudadano MIGUEL ÁNGEL BRAZÓN MEDINA, representado de abogado identificado UT SUPRA, contra el acto administrativo de destitución Nº D-100.3000.706-073040 de fecha 10 de Agosto de 2007, suscrito por el ciudadano Henry de Jesús Rangel Silva, en su carácter de Director General de los Servicios de Inteligencia y Prevención DISIP.

en merito de lo anteriormente expuesto, este Juzgado forzosamente declara INADMISIBLE el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto por el abogado MIGUEL ORLANDO BERNAL inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 82.876, en su carácter de Apoderado Judicial de de la Empresa CONSTRUCTORA SERVIALES C.A, Sociedad Mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda bajo el N° 26, Tomo 80-A contra la Resolución DM/N° 0003-08, de fecha 01 de Abril de 2008, dictada por el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO.

DISPOSITIVA En atención a las anteriores consideraciones, esta Corte Superior de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE A TRÁMITE el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal 117º del Ministerio Público y su procedencia será resuelta dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación del presente auto, de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEXTO: Se le impuso como Medida Cautelar al joven adulto NOMBRE OMITIDO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 65 DE LA LOPNA, a los fines de asegurar su presencia en el juicio oral y privado, la Prisión Preventiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 581 literales a, b y c de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; por existir riesgo razonable de que mismo evadirá el proceso, lo cual se desprende de la apreciación de las circunstancias que rodean el hecho y la magnitud del daño causado, cuya figura delictual, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 628 ejusdem, merecen medida privativa de libertad. Igualmente, por existir peligro grave para los testigos del hecho, quienes residen en el mismo sector del acusado, lo cual constituiría una obstaculización de la justicia, preservándose la garantía fundamental del juicio educativo previsto en el articulo 543 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que obliga al Trib.....

SEXTO: Se le impuso como Medida Cautelar al joven adulto NOMBRE OMITIDO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 65 DE LA LOPNA, a los fines de asegurar su presencia en el juicio oral y privado, la Prisión Preventiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 581 literales a, b y c de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; por existir riesgo razonable de que mismo evadirá el proceso, lo cual se desprende de la apreciación de las circunstancias que rodean el hecho y la magnitud del daño causado, cuya figura delictual, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 628 ejusdem, merecen medida privativa de libertad. Igualmente, por existir peligro grave para los testigos del hecho, quienes residen en el mismo sector del acusado, lo cual constituiría una obstaculización de la justicia, preservándose la garantía fundamental del juicio educativo previsto en el articulo 543 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que obliga al Trib.....