Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: Primero: Declarar Sin Lugar el recurso interpuesto, por las razones explanadas en la motiva del presente fallo. Segundo: En acatamiento a lo previsto en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Nº 6.286, de fecha 30 de julio de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.892 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, notifíquese bajo Oficio, el contenido del presente fallo a la ciudadana Procuradora General de la República, Fiscal General de la República, Inspector del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, recurrente y tercero parte.

Siendo la oportunidad procesal correspondiente para que se emita el dispositivo del fallo en la presente causa, y revisadas como han sido las actas procesales que la componen, el Tribunal considera necesario dictar el presente auto para mejor proveer, a los fines que la Dirección de Recursos humanos de la Direccion Ejecutiva de la Magistratura, remita a este Tribunal Registro de Información de Cargos, desempeñado por la querellante ciudadana NULIEN JEANETTE VELASCO ESCOBAR, titular de la cedula de identidad N° 10.864.295

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: Primero: declara SIN LUGAR la oposición a la admisión del escrito de pruebas promovidas por los abogados CARLOS LUIS CARRILLO ARTILES, ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA y VICTOR HERNANDEZ MENDIBLE, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 47.051, 9.591 y 35.622, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil INVERSIONES BRAICO, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 27 de mayo de 1993, bajo el N° 57, Tomo 86-A-Sdo; solicitada por los abogados MARIA GABRIELA CARDENAS NUÑEZ, OSCAR ALEJANDRO GHERSI RASSI y CORDOBA VERA ALEXANDRA YULANI, inscritos en el Inpreabogado bajo el N° 117.496, 85.158.....

Primero: Declarar Parcialmente Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto en fecha diez (10) de marzo de 2010, por ante el Juzgado Superior (Distribuidor) Primero de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital por el ciudadano Bernardo Antonio Santamaría García, titular de la cedula de identidad N° 10.118.764, contra la Direccion Ejecutiva de la Magistratura (DEM), recibido en este Tribunal el doce (12) de marzo del mismo año, quedando signado con el Nº 2010- 1086. Segundo: Dictar la sentencia escrita sin narrativa dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes, computados a partir del vencimiento del lapso de los cinco (5) días de despacho fijados para dictar el dispositivo del fallo, a tenor de lo previsto en los artículos 107 y 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Visto el escrito recursivo presentado en fecha 26 de Octubre de 2010, por ante el Juzgado Superior (Distribuidor) Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano Alberto Pérez Vivas, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.556.425, debidamente asistido del abogado León Benshimol Salamanca, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 76.696, contra el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), recibido en este Tribunal en esta misma fecha, previa distribución de causas; se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por no estar incurso en las causales de inadmisibilidad contenidas en el quinto aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia