Como ya se dijo, la última actuación del querellante en el procedimiento administrativo fue el 21 de octubre de 2009, no manifestando interés en el procedimiento de multa, ya que no consta en autos que haya sido impulsada por el trabajador. En consecuencia, es evidente la falta de agotamiento e interés actual del querellante en la fase final de las vías ordinarias; resultando forzoso para quien aquí decide declarar INADMISIBLE el amparo constitucional interpuesto. Así se decide.

En el presente caso, este Juzgador observa que la parte actora no indicó los fundamentos de hecho ni de derecho; ni qué perjuicio le ocasionaría la ejecución de la Providencia Administrativa, ni consignó elementos para que este Tribunal pudiera verificarlo; se limitó solamente a solicitar la suspensión de los efectos del acto administrativo. Por lo expuesto, se observa que no se cumplen los requisitos exigidos en la norma legal (Artículo 104 LOJCA), por lo que se declara sin lugar la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado. Así se decide.

Como ya se dijo, la parte actora no subsanó el escrito libelar como lo ordenó este Juzgado; ahora bien, visto que la información requerida forma parte de los requisitos establecidos en el Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para su respectiva admisión; resulta forzoso para este Tribunal declarar la inadmisibilidad de la demanda, a tenor de lo establecido en el Artículo 36 eiusdem. Así declara.

Respecto a la intimación de las costas en el presente juicio en Bs. 6.424,83, establece el Artículo 285 del Código de Procedimiento Civil, que la ejecución de las costas no generará nuevas costas, por lo que se declara improcedente tal solicitud. Así se declara.