Se evidencia que la pretensión de autos se vincula con la relación de empleo público existente entre la funcionaria accionante y el Gobierno del Distrito Capital, conforme a sus mismos dichos, y en virtud de ello, este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Su incompetencia para conocer del recurso de nulidad con medida cautelar de amparo interpuesto por la abogada LUZ AMÉRICA MUENTES DE MUENTES, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 19.890, actuando en su condición de apoderada judicial de la Empresa INVERSIONES 3157625 C.A., RIF. J-00361218-0, Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 07 de junio de 1991, bajo el No. 75, Tomo 120 A-Cto., contra la dedición dictada por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), en fecha 10 de agosto de 2011. SEGUNDO: Ordena la remisión del presente expediente a la Unidad de Recepció.....

Se evidencia que la pretensión de autos se vincula con la relación de empleo público existente entre el funcionario accionante y el Gobierno del Distrito Capital, conforme a sus mismos dichos, y en virtud de ello, este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Se evidencia que la pretensión de autos se vincula con la relación de empleo público existente entre la funcionaria accionante y el Gobierno del Distrito Capital, conforme a sus mismos dichos, y en virtud de ello, este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Se evidencia que la pretensión de autos se vincula con la relación de empleo público existente entre la funcionaria accionante y el Gobierno del Distrito Capital, conforme a sus mismos dichos, y en virtud de ello, este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Se evidencia que la pretensión de autos se vincula con la relación de empleo público existente entre la funcionaria accionante y el Gobierno del Distrito Capital, conforme a sus mismos dichos, y en virtud de ello, este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Se declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto. En consecuencia: Se confirma el acto administrativo impugnado por encontrarse ajustado a derecho.

Este Juzgado, en consecuencia, a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa y al debido proceso revoca por contrario imperio los autos de fechas 23 y 25 de enero de 2011, por medio de los cuales se admitió la querella funcionarial interpuesta y se ordenó la citación del ciudadano Síndico Procurador del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital y la notificación del Presidente del Concejo Municipal del referido Municipio, respectivamente.

Se evidencia que la pretensión de autos se vincula con la relación de empleo público existente entre la funcionaria accionante y el Gobierno del Distrito Capital, conforme a sus mismos dichos, y en virtud de ello, este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Se evidencia que la pretensión de autos se vincula con la relación de empleo público existente entre la funcionaria accionante y el Gobierno del Distrito Capital, conforme a sus mismos dichos, y en virtud de ello, este Órgano Jurisdiccional, recalifica la acción y ordena dar el trámite a la presente de conformidad con lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, de conformidad con los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.