Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declarar CON LUGAR, el Recurso Contencioso Tributario, interpuesto por los abogados José Jaime Parra Pérez y María Auxiliadora Venturini, titulares de las cédulas de identidad Nros. 1.524.527 y 6.918.310, respectivamente, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 6.875 y 45.347, respectivamente, actuando en representación de la SUCESIÓN LUIS EMIRO PEDREAÑEZ. En consecuencia: i) Se anula, la Resolución N° HRC-1-1620-001190, de fecha 09 de febrero de 1993, dictada por la Administración de Hacienda Región Capital. ii) Se condena en costas procesales a la Administración Tributaria, en un cinco por ciento (5%) del monto del acto administrativo recurrido.

En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por las ciudadanas Soraya Facchinei Rolando y Beatrice Sanso Rondón, venezolanas, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº 5.309.767 y 6.913.943, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el No. 22.827 y 31.948, actuando como apoderadas judiciales de la contribuyente Sociedad Financiera de Crédito, S.A, sociedad mercantil, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 77, Tomo 44-A en fecha 23 de Junio de 1969, contra la Resolución No. HJI-100-01089, de fecha 02-12-1992, emanada de la Dirección Jurídico Impositiva del extinto Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas) que declaró Sin Lugar el recurs.....

En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Segundo e lo Contencioso Tributario, de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara PRESCRITA LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA reclamada a contribuyente, por la cantidad de Bs. 21.753.094,83, a través de la Resolución No. 00111, de fecha 03 de abril de 1995, emanada de la Dirección General Sectorial de Rentas del extinto Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas), confirmatoria de los reparos formulados bajo los concepto de: a) intereses sobre depósitos fijos gravables, por la cantidad de Bs.1.606.399,65 en el ejercicio fiscal 01-04-89 al 31-03-90; b) dividendos sin retención, impuesto y multa por la cantidad de Bs. 10.053.267,60. Reparos estos que fueron impugnados con el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por los ciudadanos Armando Montilla Varela, Alejando Gómez Rutmann y Emely Puglia Pica, venezolanos, mayores de e.....

En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara PRESCRITA LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA reclamada por el extinto Ministerio de Hacienda a la contribuyente Ferretería El Ancla, S.A, sociedad mercantil, inscrita según consta en el Registro de Comercio, llevado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 25-05-1981, tomo 43, folios 165 al 177, a través de la Resolución identificada con las letras y números HJI-100-00751, de fecha 03-09-1987, emanada de la Dirección Jurídico Impositivo del extinto Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas), la cual fue impugnada con el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano Nicolás Gracia Guamis, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 1.419.100, .....

El Tribunal Admite cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva, las Pruebas promovidas mediante escrito de promoción presentado por la Apoderada Judicial de la Contribuyente DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, S.A., por cuanto las mismas en su contenido no son manifiestamente ilegales ni impertinentes.

El Tribunal Admite cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva, las Pruebas promovidas mediante escrito de promoción presentado por quien actúa en su propio nombre y en representación de la SUCESIÓN JOSÉ ASTERIO MÉNDEZ MENDOZA, por cuanto las mismas en su contenido no son manifiestamente ilegales ni impertinentes.

CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada y SIN LUGAR la demanda. Se revoca la decisión apelada.

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada GABRIELA LONGO VELASQUEZ, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora en contra del auto de fecha veinticuatro (24) de abril de 2009 dictada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas. Se CONFIRMA el auto recurrido, pero con otra motivación. No hay condenatoria en costas a la parte actora del presente recurso, dada las prerrogativas que goza el ente demandado.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE , la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada en ejercicio YRLANDA ESTEVES, ya identificada, actuando en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos RONAL CARACAS MARTÍNEZ, GEANNERYS KATHERINE DÍAZ MARTÍNEZ, VÍCTOR MANUEL VIERA CORREA, MEIBER ANTONIO INFANTE DE LA CRUZ, JESÚS ANTONIO ESCORCHE MACHUCA, JOER ALEXANDER HERRERA NÚÑEZ y MARISOL PÉREZ MUÑOZ, también identificados, contra el Presidente de la Sociedad Mercantil INDUSTRIAS TAURO C.A. A los fines de la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, este Juzgado en virtud de la anterior decisión, dispone que los accionantes antes mencionados, podrán intentar judicialmente sus acciones de amparo, en forma individual.

Así pues, de acuerdo con los lineamientos normativos expuestos anteriormente, este Sentenciador observa que el contrato mediante el cual las partes manifiestan haber hecho recíprocas concesiones, a los fines de dar por terminado el juicio, cumple con los requisitos exigidos para su validez y eficacia; y dado que la manifestación de voluntades contenidas en el contrato transaccional ha sido presentada ante un Juez del Trabajo, esto es, ante un funcionario competente. Se desprende del referido escrito transaccional que las partes de común acuerdo, libres de coacción y de plena voluntad acordaron el pago de CINCUENTA Y CINCO MIL BOLIVARES FUERTES (Bs. 55.000,00) por parte de la demandada AREPERA RESTAURANT MISIA JACINTA, S.A., constituida mediante documento inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 13 de agosto de 1991, bajo el N° 65, Tomo 69-A-Pro., a favor de MIGUEL ANGEL ESPINOZA, venezolano, mayor de e.....