Se desprende de las actas del presente asunto que el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, declaró procedente el amparo cautelar solicitado por la parte demandante, suspendiendo los efectos del acto administrativo atacado de nulidad, mediante sentencia dictada en fecha 20 de abril de 2010 (folios 5 al 17 de éste cuaderno de medidas). Igualmente, se observa que en el juicio principal se dictó sentencia declarando el desistimiento de la pretensión (como ya se mencionó), decisión que se encuentra definitivamente firme, por no haberse ejercido recurso alguno, siendo evidente el cese de la medida decretada sobre el acto administrativo impugnado. En consecuencia, se revoca el amparo cautelar decretado en fecha 20 de abril de 2010 en el cuaderno de medidas Nº KH09-X-2012-42 (nomenclatura anterior Nº KE01-X-2010-70), ordenándose oficiar a la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, sede Pío Tamayo, a los fines de que tenga conocimiento de la .....

En cuanto al primer punto alegado por el actor, es importante señalar que la aclaratoria de las sentencias es utilizada a los fines de aclarar puntos dudosos, salvar omisiones o ampliar situaciones sobre el fondo de lo decidido (Artículo 252 del Código de Procedimiento Civil); ahora bien, lo manifestado en el escrito se refiere a correcciones materiales de la sentencia, los cuales no pueden ser corregidos a través de la aclaratoria, por lo que se declara improcedente lo requerido. Respecto a la notificación del Ministerio Publico, es necesario resaltar que a pesar de haber sido notificado de la demanda, como lo establece el Artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el mismo no se hizo parte en el presente juicio, siendo innecesaria su notificación de la sentencia dictada. Diferente a lo sucedido con el Ministerio del Trabajo, ya que al referirse la causa de una nulidad dictada por un ente del Poder Público Nacional adscrito a dicho Ministerio, es imp.....

Ahora bien, al determinarse los elementos necesarios para la procedencia del amparo y al no demostrarse justificación alguna del incumplimiento de la providencia administrativa que ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos del trabajador, es evidente la directa violación del Derecho al Trabajo previsto en el Artículo 87 de la Constitución, por lo que se declara con lugar la pretensión constitucional solicitada. En consecuencia, se concede a las querelladas veinticinco (25) días hábiles para el cumplimiento voluntario de esta decisión, de conformidad con lo establecido en el Artículo 32 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así decide.

Como se puede apreciar, con ésta breve motivación la autoridad administrativa consideró que lo recibido por el trabajador era un anticipo ya que la relación no finalizaba con ese contrato, pues éste no cumplía los extremos legales. Obviamente, el empleador asimilando una relación limitada en el tiempo y desde 1999 impuso al trabajador liquidaciones anuales, que éste consideró como su régimen "normal" de relación, hasta que el órgano administrativo estableció que esa vinculación era por tiempo indeterminado. Por lo tanto, las liquidaciones recibidas son todas parciales. Por lo expuesto, el funcionario aplicó el principio de primacía de la realidad ajustado a los hechos del expediente, no configurándose vicio alguno en la providencia administrativa atacada

Existiendo inactividad de la parte actora por más de un año, es decir desde la última actuación (08/02/2011) hasta el día de hoy, se cumplen los extremos del Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y resulta forzoso para quien Juzga declarar la perención de la instancia. Así se establece.