este Juzgado Superior razón suficiente para declarar IMPROCEDENTE la pretensión constitucional de amparo cautelar, y Así se Declara. Ahora bien, una vez verificada la Improcedencia de la Medida de Amparo Cautelar solicitada por la parte querellante en el presente caso, este Tribunal Superior procede a verificar si la presente querella funcionarial fue interpuesta dentro de los tres (3) meses contados a partir del día en que se produjo el hecho o desde el día en que el interesado fue notificado del acto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Y visto, que la fecha de la notificación del Acto Administrativo recurrido, fue realizado en fecha 02 de agosto de 2019 y la interposición de la presente querella fue presentada el 31 de octubre de 2019; se evidencia que la misma fue postulada dentro del lapso legalmente establecido, por lo tanto no se observa la caducidad de la acción, y en tal sentido Se Admite la acción propuesta.

Así las cosas, respecto a la oposición formulada por la parte querellante en relación a las pruebas promovidas por la parte querellada, se observa que las mismas son legales y pertinentes en la presente causa, por tal motivo debe señalarse que las pruebas se encuentran ajustadas a lo que el legislador patrio calificó como "pertinentes y legales", toda vez que no son manifiestamente ilegales y expresan cuales son los hechos que quiere demostrar con las mismas y su relación con lo debatido en la presente causa, por lo que siendo la oposición formulada de forma que no demuestra su ilegalidad o impertinencia y verificado que los alegatos expuestos por la parte oponente corresponderían mas a alegatos acerca del fondo del asunto debatido, debe forzosamente declararse SIN LUGAR la oposición formulada por la parte accionante. Así se decide.

Este Tribunal Superior, observa que las mismas se encuentran insertas en el presente expediente. En tal sentido, dicha documental trata de reproducciones del merito favorable inserto en autos, advierte este Juzgado que tal invocación no constituye un medio de prueba per se, sino la solicitud que efectivamente hace la parte promovente de la aplicación del Principio de Comunidad de la Prueba que rige en el sistema probatorio venezolano (vid. sentencia líder Nro. 02595, de fecha 5 de mayo de 2005, caso: Sucesión Julio Bacalao Lara, dictada por la Sala Político Administrativa; ratificada -entre otras- por el fallo Nº 01375 del 4 de diciembre de 2013). En consecuencia, será este Juzgador, en su condición de Juez de mérito, el encargado de valorar las actuaciones que reposan en autos en la oportunidad de dictar la sentencia definitiva. Así se decide.

este Juzgado Superior, el mismo pasara a TRASLADARSE Y CONSTITUIRSE, en la sede de la Inspectoría Para el Control de la Actuación Policial (ICAP), del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo, ubicado en la avenida Cedeño, crece con la avenida Montes de Oca, edificio Torre Empresarial, planta baja y proceder a realizar la Inspección Judicial solicitada. Asimismo se informa que el lapso de evacuación de pruebas con relación a la Inspección Judicial será y de treinta (30) días de despacho siguientes, de conformidad con el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese despacho con las inserciones de ley, al cual se le anexara copias certificadas del escrito de promoción de pruebas, así como también del presente auto

Así las cosas, respecto a la oposición formulada por la parte querellante en relación a las pruebas promovidas por la parte querellada, se observa que las mismas son legales y pertinentes en la presente causa, por tal motivo debe señalarse que las pruebas se encuentran ajustadas a lo que el legislador patrio calificó como "pertinentes y legales", toda vez que no son manifiestamente ilegales y expresan cuales son los hechos que quiere demostrar con las mismas y su relación con lo debatido en la presente causa, por lo que siendo la oposición formulada de forma que no demuestra su ilegalidad o impertinencia y verificado que los alegatos expuestos por la parte oponente corresponderían mas a alegatos acerca del fondo del asunto debatido, debe forzosamente declararse SIN LUGAR la oposición formulada por la parte accionante. Así se decide.

Este Tribunal Superior, observa que las mismas se encuentran insertas en el presente expediente. En tal sentido, dicha documental trata de reproducciones del merito favorable inserto en autos, advierte este Juzgado que tal invocación no constituye un medio de prueba per se, sino la solicitud que efectivamente hace la parte promovente de la aplicación del Principio de Comunidad de la Prueba que rige en el sistema probatorio venezolano (vid. sentencia líder Nro. 02595, de fecha 5 de mayo de 2005, caso: Sucesión Julio Bacalao Lara, dictada por la Sala Político Administrativa; ratificada -entre otras- por el fallo Nº 01375 del 4 de diciembre de 2013). En consecuencia, será este Juzgador, en su condición de Juez de mérito, el encargado de valorar las actuaciones que reposan en autos en la oportunidad de dictar la sentencia definitiva. Así se decide.

este Juzgado Superior, el mismo pasara a TRASLADARSE Y CONSTITUIRSE, en la sede de la Inspectoría Para el Control de la Actuación Policial (ICAP), del Cuerpo de Policía del Estado Carabobo, ubicado en la avenida Cedeño, crece con la avenida Montes de Oca, edificio Torre Empresarial, planta baja y proceder a realizar la Inspección Judicial solicitada. Asimismo se informa que el lapso de evacuación de pruebas con relación a la Inspección Judicial será y de treinta (30) días de despacho siguientes, de conformidad con el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese despacho con las inserciones de ley, al cual se le anexara copias certificadas del escrito de promoción de pruebas, así como también del presente auto

este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley decreta: 1. La EJECUCIÓN VOLUNTARIA de la sentencia dictada por este Juzgado en fecha 14 de agosto de 2019, mediante la cual declaró, PRIMERO: CON LUGAR, el recurso de nulidad incoado por la ciudadana MIRTHA JOSEFINA RUGELES VILELA, titular de la cedula de identidad Nº 4.639.466, debidamente asistida por el abogado LUOSELY ALEJANDRA ZABALETA RUGELES, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 243.431, contra la CÈDULA CATASTRAL Nº CC2010-00014552 de fecha 09 de noviembre de 2015, emanado por el Director de Catastro de la ALCALDIA DEL MUNICIPIO VALENCIA del ESTADO CARABOBO. 2. SEGUNDO: SE DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA, de la CÈDULA CATSTRAL de fecha nueve (09) de noviembre de 2015, Nº CC2010-00014552, emitida por la Dirección de Catastro de la ALCALD.....

se admite cuanto ha lugar en derecho.