En virtud de lo antes expuesto, este Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara, CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa interpuesta por la Abogada CARMEN TERESA BLANCO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro° 101.945, actuando con el carácter de apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil PRODUCTOS MIXTOS PROMIX C.A, Contra la providencia administrativa N° 0648-2008 de fecha 14 de noviembre de 2008, dictada por la INSPECTORIA DEL TRABAJO "PEDRO ORTEGA DIAZ" SEDE SUR CARACAS. Publíquese, regístrese.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, éste Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital declara: 1. Su COMPETENCIA, para conocer y decidir la presente Acción de Amparo Constitucional. 2. INADMISIBLE la presente Acción de Amparo Constitucional, incoada por el Abogado ANTONIO MEDINA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 14.645.171, Procurador de Trabajadores inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 123.640, actuando en representación de la ciudadana ANALIS MATOS LINARES, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº 9.665.592, contra la Sociedad Mercantil "SOPOFICE C. A.,".

En merito de lo anterior, éste Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1. INADMISIBLE el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial ejercido OSWALDO J. GARCIA M., inscrito en el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Abogado bajo el N° 68.027, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos EDARMI GUERRA, RICHARD BAEZ, LEON JIMENEZ Y JOSE LUIS OROZCO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad N° 15.518.377, 16.922.465, 5.454.793 Y 10.275.389, respectivamente, contra el Instituto Autónomo de Bibliotecas e Información De Miranda, Gobernación del Estado Miranda.