En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el profesional del derecho Luís Humberto Sánchez Henrriquez, titular de la cédula de identidad Nº V-7.209.661, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 57.938, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano José Ignacio Gelvis Galvis, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.559.024, contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre y de la Dirección del Cuerpo Nacional de Policía Nacional Bolivariana.

En merito de lo anterior, éste Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1. su COMPETENCIA, para conocer y decidir la presente acción de Amparo Constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada de suspensión de los efectos. 2 INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada de suspensión de los efectos por el ciudadano ALEXANDER PITA VIEIRA, mayor de edad, venezolano y titular de la cédula de identidad Nº 12.641.013, en su carácter de Director de la Sociedad Mercantil CASTANHOLA SYSTEMAS & SOFTWARE C.A, debidamente asistido por los profesionales del derecho los abogados DIEGO BARBOZA SIRI y CÉSAR SÁNCHEZ MEDINA, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº. 59.715 y 39.194, contra la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ACTIVIDADES HIPICAS.

En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la presente Querella Funcionarial, interpuesta por el profesional del derecho LUIS HUMBERTO SANCHEZ HENRIQUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 57.938, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana NERY ROMELIA BLANCO, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. V-5.400.946 contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre y la Dirección del Cuerpo Nacional de Policía Nacional Bolivariana.

En mérito de lo anterior este Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el profesional del derecho Luís Humberto Sánchez Henrriquez, titular de la cédula de identidad Nº V-7.209.661, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 57.938, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Yormis Josefina Silva Salazar, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.594.399, contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre y de la Dirección del Cuerpo Nacional de Policía Nacional Bolivariana.

Visto el escrito de impugnación de pruebas suscrito y presentado por las Abogadas GIANA GUIDA, NANCY DIAZ DE VALENCIA y LISMAR CAMPOS, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nro 87.021, 54.264 y 225.511, respectivamente, actuando en su carácter de Sindica Procuradora Municipal del Municipio Cristóbal Rojas del Estado Miranda y apoderadas judiciales del organismo querellado, mediante el cual se oponen a las siguientes pruebas documentales: