Esta Corte declaró SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por la abogada Naida Zapata, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano JOSÉ ANTONIO VILLAVERDE GONZÁLEZ, contra el acto administrativo identificado PRE-CJ-2015 Nº 2196 de fecha 26 de marzo de 2015, notificado en fecha 11 de septiembre de 2015, emanado de la antigua COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI)- hoy CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX)- que confirmó la negativa de la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) correspondientes a la solicitud Nº 18165775.

Esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer y decidir, en primer grado de Jurisdicción, la demanda de nulidad interpuesta; ADMITE PROVISIONALMENTE la demanda incoada; IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar formulada; y ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines del pronunciamiento correspondiente a la caducidad de la acción interpuesta y de ser el caso, la apertura el respectivo cuaderno separado para tramitar de la medida de suspensión de efectos solicitada.

Esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer la causa; PROCEDENTE la consulta de ley planteada y CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 6 de octubre de 2015, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas.

Esta Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer la medida cautelar autónoma innominada formula por la Abogada Ramona del Carmen Chacón Arias; en su condición de sustituta del ciudadano PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, a los fines de desguazar las embarcaciones tipo Ferry Boats denominadas NVG Carmen Ernestina, BF Rosa Eugenia, BF Concepción Mariño y F/B Cacica Isabel, propiedad de la sociedad mercantil CONSOLIDADA DE FERRYS, C.A, (CONFERRY), en virtud de los daños ambientales y de seguridad en el transporte de personas y bienes; PROCEDENTE la medida cautelar innominada, en consecuencia, se AUTORIZÓ al Ministerio del Poder Popular para el Transporte para que proceda de inmediato al desguace de las embarcaciones propiedad de la sociedad mercantil CONSOLIDADA DE FERRYS, C.A (CONFERRY).

Esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer la causa; SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido y CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer de la causa; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y CONFIRMA el auto apelado.

Esta Corte ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuere declinada en fecha 4 de agosto de 2016, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para conocer en primer grado de Jurisdicción de la ´demanda por prescripción adquisitiva´ interpuesta por el abogado Alcides Giménez Pino, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ANTONIO LORENZO MONTENEGRO, contra la sociedad TRINALTA, C.A; y ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines legales consiguientes.

Esta Corte declaró la NULIDAD de todos los actos dictados con posterioridad al 12 de agosto de 2014, fecha en la cual fue dictada la decisión Nº 2014-1239, que ordenó la notificación del Ministerio del Poder Popular para la Salud y la Procuraduría General de la República, con excepción del auto de abocamiento y reconstitución dictado el 19 de enero de 2017 y REPONE la causa al estado que sean practicadas las notificaciones en los términos establecidos en la referida decisión, a los fines de dar continuidad al procedimiento de segunda instancia correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable ratione temporis.

Esta Corte declaró CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por el abogado LUIS BELTRÁN SILVA, actuando en su propio nombre y representación, contra el acto administrativo contenido en el oficio Nº DNR-CN-1134-15-DN de fecha 11 de febrero de 2015, emanado de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDAD RESIDUAL DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, y en consecuencia la NULIDAD ABSOLUTA del acto administrativo impugnado, IMPROCEDENTE la solicitud de otorgamiento del beneficio de pensión de vejez reclamado, en los términos establecidos en la motiva de la presente decisión.

Esta Corte declaró la NULIDAD PARCIAL del auto dictado en fecha 22 de noviembre de 2016, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia correspondiente, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo y REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que se inicie al lapso de fundamentación de la apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.