este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la Representación Judicial de la parte actora y SIN LUGAR la pretensión de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMODATO, intentada por los ciudadanos JAVIER ALONSO LARRIVA y JUAN CARLOS ALONSO LARRIVA, contra la ciudadana MARIA DE LOS REMEDIOS RAMIREZ RODRIGUEZ, previamente identificados.

este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la presente solicitud de RECTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION y ordena al REGISTRADOR PRINCIPAL DEL ESTADO LARA y al JEFE CIVIL DE LA PARROQUIA CATEDRAL, MUNICIPIO AUTONOMO IRIBARREN DEL ESTADO LARA a estampar la debida nota marginal en la Partida de Nacimiento inserta bajo el No. 1877 del año 2007.

Visto el Desistimiento del Procedimiento, suscrito por la ciudadana ADRIANA C. VASQUEZ P., inpreabogado N° 104.109, en su carácter de parte apoderada judicial de la parte actora, éste Tribunal homologa el mismo, en consecuencia, téngase como sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada entre las partes, se declara extinguida la instancia, de todo de conformidad con lo establecido en el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente. Asimismo se ordena la entrega a la oferente de la suma consignada. Archívese el presente expediente.

este Tribunal declara el DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN POR EL ABANDONO DE TRÁMITE, y ASÍ SE DECLARA. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se impone una multa a la querellante por el abandono del trámite, por la cantidad de cinco bolívares (Bs. 5,oo), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en las oficinas del Banco Central de Venezuela. Se aplica la multa en su límite máximo por cuanto el tribunal Sala estima de suma gravedad el entorpecimiento de sus labores con la presentación de pretensiones de amparo posteriormente abandonadas, lo cual lo obliga a desviar su atención de asuntos que sí requieren de urgente tutela constitucional y jurisdiccional. Así se decide.