En el caso de autos, la parte apelante, quien estaba a derecho, no compareció a la Audiencia ni por sí ni por intermedio de apoderado judicial, lo que evidencia la pérdida del interés procesal en la consecución del procedimiento iniciado con la interposición del recurso de apelación propuesto, por lo que, consecuencialmente este Juzgador, de acuerdo a los criterios doctrinarios y jurisprudenciales anteriormente esbozados y de conformidad con lo consagrado en el artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo declara desistida la apelación. Así se decide.

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior del Trabajo de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto en fecha 07 de marzo de 1997, por el abogado WITERMUNDO HENDER PEÑA, en contra de la sentencia proferida por el extinto Juzgado de la Parroquia Aguedo Felipe Alvarado de la Circunscripción judicial del Estado Lara, de fecha 07 de enero de 1997; por cuanto de un análisis de las actas que conforman el expediente, esta Superioridad observa una inactividad prolongada por mas de 12 meses, por parte del actor, desde la fecha en que este ejerció el recurso de apelación.

Se ordena la REPOSICIÓN DE LA CAUSA al estado en que un Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara fije oportunidad para la celebración de una Audiencia Preliminar, en el entendido que las partes están a derecho de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y que deberán promover nuevamente sus pruebas de la forma y en el acto que establece la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en consecuencia, se declara la NULIDAD de todas las actuaciones posteriores al otorgamiento del poder efectuado por el ciudadano Edgar Ramón Rojas Vásquez al abogado Ramón García, que cursa al folio 05.

La parte actora al momento de ejercer el recurso de apelación en fecha 07 de marzo de 1997(F. 20), debió ser diligente ante el juzgado de la alzada, por cuanto no se dio por notificado del avocamiento de la Juez itinerante Dra. Milexa Linarez Trejo, en fecha 14 de diciembre de 2000, quien ordenó notificar a las partes en dicha fecha, no existiendo diligencia alguna de la parte actora, lo que causó una inactividad prolongada por mas de doce meses entre el 14 de diciembre de 2000 al 10 de febrero de 2004, cuando se avoca un nuevo juez de juicio y ordena la notificación de las partes. En merito de todas las consideraciones anteriores y de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 201, resulta forzoso para esta Superioridad, declarar la PERENCIÓN de la Instancia.

Luego de un análisis de los medios probatorios aportados y de la confesión de parte, que se desprende del folio 129 de la presente causa, en la que el abogado Jhon Sánchez, en su carácter de Sindico Procurador Municipal, admite que la ciudadana Maribel Hernández, parte actora en este procedimiento era ¿contratada¿ de la Fundación Farmacia Social (FUNDAFAR), este juzgador finalmente concluye que tiene competencia el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, para sustanciar y decidir la presente causa, por cuanto se trata de un personal contratado, y no de una funcionario público, como ya se ha establecido previamente. Así se determina