Se declaró LA PERENCIÓN BREVE DE LA INSTANCIA.

El Tribunal se declaró INCOMPETENTE EN RAZÓN DEL TERRITORIO.

RESOLUCIÓN CF CL//Se dictó resolución mediante la cual este Tribunal administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declara CON LUGAR la presente solicitud, en consecuencia, se declara al niño (Se omiten los datos art 65 LOPNNA), de un (01) mes de nacido, como CARGA FAMILIAR de la ciudadana DILIA MARISELA PUCHI CABRERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-5.421.430, a fin de que gocen de todos aquellos beneficios que brinda la institución en la cual labora, conforme a lo preceptuado en el artículo 517 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con los establecido en los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil.

Este JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la defensa perentoria de prescripción alegada por JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR.- SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano JESUS MANUEL NAVARRO REYES, en contra de la demandada JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR, ambas partes suficientemente identificadas a los autos.- TERCERO: Dada la naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas. CUARTO: Se ordena notificar al ciudadano Procurador General de la República de la presente decisión.- Y ASÍ SE DECIDE.-

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: - IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada de suspensión de los efectos solicitada en el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la ciudadana CENAIRA DE JESÚS ZABALA, titular de la cédula de identidad Nº V-6.104.758, debidamente asistida por la abogada Gregoria Sánchez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 42.271, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA a través de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA. Publíquese, regístrese y notifíquese al Procurador General de la República conforme a lo establecido en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto c.....

Así, acogiendo este juzgador el criterio jurisprudencial asentado por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal en concordancia con lo pautado en el ordinal 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y al evidenciarse que desde el día 28.11.2012, data en la cual el Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas determinó que no se había practicado las notificaciones ordenadas en la sentencia de fecha 27.9.2012, instando a la accionante a impulsar dichas notificaciones, hasta el día 2 de diciembre de 2013, data de la interposición de la presente acción de amparo, han transcurrido más de seis (6) meses, ha operado la caducidad de la acción de amparo constitucional, en virtud del consentimiento tácito de la quejosa, todo lo cual acarrea la inadmisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.

PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA DE PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA PLANTEADA POR BIAGIO IMPERATRICE SERGIO, JOSÉ AMEDEO IMPERATRICE SERGIO, SANDRO IMPERATRICE SERGIO, MARY CARMEN IMPERATRICE SERGIO CONTRA CLAUDIO IMPERATRICE SANOJA Y VALENTINA SANOJA DE IMPERATRICE. SE ORDENÓ LA PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD DEMOSTRADA. SE ORDENÓ EMPLAZAR A LAS PARTES DE AUTOS PARA QUE COMPAREZCAN ANTE EL TRIBUNAL A LAS ONCE HORAS DE LA MAÑANA (11:00 A.M.) DEL DÉCIMO (10°) DÍA DE DESPACHO SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE QUEDE DEFINITIVAMENTE FIRME LA PRESENTE DECISIÓN, A FIN QUE NOMBREN AL PARTIDOR. NO HUBO CONDENATORIA EN COSTAS.

IV DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la Sociedad "CARGILL DE VENEZUELA, S.R.L.", contra la Resolución No. SNAT/INTI/GRTICERC/DJT/2012/5274, de fecha 11 de diciembre de 2012, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), notificada el 14-01-2013. En consecuencia: PRIMERO: Se declara la NULIDAD de los intereses moratorios en la cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISÉIS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 848.116,89) determinados en la Resolución No. SNAT/INTI/GRTICERC/DJT/2012/5274 (folios 39 al 66) de fecha 11 de diciembre de 2012, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de l.....

Visto el escrito de promoción de pruebas presentado en fecha 22-11-2013, por la Apoderada Judicial de la contribuyente "GLOBAL SHIPPING AGENTES NAVIEROS, C.A.", constante de siete (7) folios útiles, y por cuanto dichas pruebas en su contenido no son manifiestamente ilegales ni impertinentes en los términos abajo expuestos, el Tribunal las admite cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva.-

en consecuencia este Tribunal Cuadragésimo Segundo (42º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela se declara INCOMPETENTE POR EL TERRITORIO para conocer de la presente causa, cuyo conocimiento está atribuido a los Tribunales del Trabajo del estado Miranda. Y ASI SE ESTABLECE.