Se dictó Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva, mediante la cual se declaró: PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente caso. No hay lugar a costas. Regístrese y publíquese.

AL JUZGADO SUPERIOR SEXTO: 2862 (Desalojo) AL JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO: 001 (Amparo Constitucional- Directo) AL JUZGADO SUPERIOR OCTAVO: 4448 (Desalojo)

Ahora bien, si bien es cierto que desde la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999, no es aplicable la Ley de Arancel Judicial a las actuaciones judiciales, toda vez que según lo dispuesto en el único aparte de su artículo 26, la justicia es gratuita; no es menos cierto que la parte demandante tiene la obligación de impulsar el proceso en que está involucrada. Así se tiene que dentro de esas obligaciones se encuentra la provisión de las reproducciones fotostáticas necesarias para librar la compulsa, indicar al Alguacil que corresponda la dirección o domicilio donde debe practicarse la citación de la parte demandada, así como suministrar las expensas suficientes y necesarias para la práctica de la citación personal de la parte demandada, según sentencia dictada por la Sala de Casación Civil, de fecha 6 de Julio de 2.004, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VÉLEZ; debiendo cumplirse dichas obligaciones dentro del preclusivo plazo d.....

Por otra parte, demanda el cobro de bolívares, por el procedimiento intimatorio (contenido en los artículos 640 al 652 del Código de Procedimiento Civil), de los montos de las letras de cambio, con sus respectivos intereses hasta el momento de su efectivo pago, no siendo estos últimos líquidos y exigibles, por lo que es evidente, que en el presente juicio, se procedió a la acumulación indebida de dos (2) procesos, por lo que, mutatis mutandi, se aplica la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, N° 1618, expediente N° 03-2946, de fecha 18 de Agosto de 2004, caso Industria Hospitalaria de Venezuela 2943; en donde entre otras cosas señaló: ".... Que como el Juez de la causa no advirtió la inepta acumulación de pretensiones por tener procedimientos distintos, el juez de Retasa debía declararla, aun cuando no hubiese sido opuesta por la parte demandada... En la sentencia consultada se indica que esta circunstancia debió exponerse a.....

Ahora bien, de la norma antes transcrita se evidencia claramente que el lapso para la interposición del recurso de apelación en el procedimiento que nos ocupa es de tres (03) días de despacho siguientes a la fecha del vencimiento del lapso para sentenciar, toda vez que se está en presencia de un juicio sustanciado por los trámites del procedimiento breve, en tal sentido y en atención a lo dispuesto en el artículo antes aludido, éste Juzgado observa sobre las actas procesales que conforman el presente expediente, que la representación judicial de la parte demandada se dio por citada el día 10 de febrero de 2011 y presentó escrito que denominó "Regulación de Competencia" en fecha 17 de febrero de 2011, el cual se declaró extemporáneo por tardío, mediante auto de fecha 28 de febrero de 2011, por haber sido presentado al tercer 3° día de despacho siguiente a los dos (2) días provistos para la contestación de la pretensión, ahora bien, posterior a esto y habiendo transcurrido diez (10) día.....

Se dictó Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva, mediante la cual se declaró:homologa el desistimiento del procedimiento, ejercido por el apoderado judicial de la parte actora. Devuélvanse los originales que corren insertos al expediente, previa certificación en autos.

En merito de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA PRESENTE INSTANCIA, y en consecuencia extinguido el procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 269 y 271 eiusdem, produciendo los efectos de este último.

A través de SENTENCIA DEFINITIVA el Tribunal declaró LA CONFESIÓN FICTA de la ciudadana JUANA A. RUSSO OLIVEROS; y en consecuencia, PROCEDENTE en derecho la pretensión dineraria (Cobro de Bolívares) contenida en la demanda incoada por la sociedad mercantil BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A. Se condenÓ a la demandada a pagar a la actora, SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES FUERTES CON 96/100 (BsF. 69.350,96), que comprende el monto de la deuda derivada del uso de la TARJETA DE CRÉDITO SAMBIL Nº 8244000001375707, hasta la fecha de emisión del último estado de cuenta factura aceptada, correspondiente al mes de agosto de 2010 y DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS BOLIVARES FUERTES CON 62/100 (BsF. 12.416,62), por concepto del monto de la deuda derivada del uso de la TARJETA DE CRÉDITO LOCATEL Nº 8244040000107172, el cual refleja el estado de cuenta correspondiente al mes de julio de 2010; a los intereses de mora y las costas. Se ordenó notificar a las partes.

En consecuencia, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, resulta forzoso para este Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley Tribunal, declarar que en el presente procedimiento se consumó la perención anual y en consecuencia se extinguió la instancia. No hay condenatoria en costas, de conformidad a lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, la apelación ejercida por la ciudadana MEGDA DE JESUS GUTIERREZ BURGOS, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 140.025, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada ciudadanos FRANCISCO RAFAEL DUGARTE JORGES y DIANA MARGARITA ZERPA VILLALOBOS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.975.668 y 6.810.410, contra la sentencia dictada en fecha 21 de mayo de 2010, del Tribunal Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: Se RATIFICA la sentencia apelada en todas y cada una de sus partes. Se condena en costas a la parte demandada .....