Se decreta la ejecución forzosa de la referida decisión, de conformidad con lo establecido en el artículos 527 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia se decreta: "Medida de EMBARGO EJECUTIVO, sobre sumas líquidas hasta cubrir la cantidad de DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE BOLÍVARES CON SETENTA CENTIMOS (Bs. 207.817,70) cantidad ordenada en el particular segundo de la sentencia, por concepto de indemnización. Con la advertencia de que en caso de que la medida recaiga sobre bienes muebles o inmuebles propiedad de la parte demandada, se hará hasta por la cantidad de CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON CUARENTA CÉNTIMOS (Bs. 415.635,40), que comprende el doble de la cantidad condenada por este Tribunal. Líbrese mandamiento de ejecución"

Resulta a todas luces evidente que mal podría este Juzgado tener al tantas veces mencionado ciudadano Ramón Carmona Cartaya, como fallecido toda vez que de la revisión de las actas procesales que conforman el expediente no se ha verificado que riele inserta el acta de defunción que permita establecer dicha situación en el caso de marras, por lo que resulta forzoso para este Juzgado Negar el pedimento formulado por la representación judicial de la parte demandada.

Se HOMOLOGA el DESISTIMIENTO del procedimiento, efectuado por la parte actora, en el juicio por Cobro de Bolívares que sigue el BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL, C.A., contra la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA CAMURI, C.A., (plenamente identificados en el encabezamiento de esta decisión), en los términos contenidos en el mismo. Finalmente, el desistimiento ejercido en los límites señalados, extingue la instancia de conformidad con lo previsto en el artículo 266 del citado cuerpo legal

Se acuerda Suspender la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar decretada en fecha 11 de septiembre de 1986, y participada al Registro Subalterno del Registro del Distrito Independencia del Estado Miranda, con oficio Nº 2487, de fecha 16 de octubre de 1986, la cual recayó sobre el bien inmueble que se identifica a continuación: "Un apartamento identificado con el numero y letra 5-C ubicado en la parte suroeste del quinto Piso, de la Torre "B" del Conjunto Residencial y Comercial "Residencias Club Altamira.", situado en la ciudad de Santa Teresa del Tuy, entre las calles Ayacucho, Araguaney, Tamanaco y Buena Vista; en Jurisdicción del Distrito Independencia del Estado Miranda"

Se niega la medida peticionada por cuanto se verificó en el caso que nos ocupa que la parte actora no demostró la presunta existencia de una presunción grave del derecho que se reclama y el riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo por cuanto el solicitante de la cautelar no acompañó los medios de prueba que lleven al Juez a la convicción de que existe efectivamente la presunción grave del peligro de infructuosidad del fallo así como el daño que la parte contra quien se pretende la medida pueda causar al requirente de la misma, no bastando la sola afirmación de tales circunstancias ni la existencia de presunción de demora del juicio.

Se HOMOLOGA el DESISTIMIENTO del procedimiento efectuado por la parte representación judicial de la parte actora en fecha 2 de agosto de 2013, en los términos contenidos en el mismo. Asimismo se ordena la devolución de los documentos originales solicitados por la parte actora, cursantes a los folios, 8 al 10, dejando en su lugar copia certificada de estos, asimismo la devolución de los folios del 16 al 25, 70 al 167 y del 183 al 231, que rielan en copia certificada, dejándose copia simple de ellos. Igualmente se deja constancia que los folios 11 al 15 y 232 rielan en copia simple por lo que se niega su devolución. Finalmente, el desistimiento ejercido en los límites señalados, extingue la instancia de conformidad con lo previsto en el artículo 266 del citado cuerpo legal.