Visto el escrito de impugnación de pruebas presentado por el abogado EDUARDO A. MEJIAS RENGIFO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 27.075, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte querellante, mediante el cual IMPUGNA las pruebas promovidas por la parte querellada en los siguientes términos:" IMPUGNO formalmente el estatuto del personal que riela al expediente consignado por la parte querellada marcado con la letra C ", este tribunal observa que los argumentos que fundamentan la impugnación constituyen alegatos que deben ser resueltos en la definitiva, de conformidad con el artículo 101 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por el Abogado Marcelino Padrón Almerida, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 50.473, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano Juan Carlos Hernández Ceballos, venezolano, mayor de edad titular de la cédula de identidad N° 13.432.088, contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales,

Por las razones anteriormente expuestas este Tribunal Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: SE CONFIRMA en todas y cada una de sus partes la decisión dictada en fecha 30 de julio de 2013 (F.99-105), por el Juzgado Décimo Quinto (15º) de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró la INTERDICCIÓN PROVISIONAL de los ciudadanos: Elías Miguel, Georgette Marian Beatriz y Rebeca María Alejandra Tahan Bittar, por padecer éstos de un estado habitual de defecto intelectual reflejado en un Retardo Mental Moderado, de carácter irreversible. SEGUNDO: SE ORDENA a la parte solicitante dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 413, 414 y 415 del Código Civil; cuyos trámites, no obstante haber sido omitidos señalar en la sente.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley DECLARA: CON LUGAR la solicitud de Divorcio efectuada por los cónyuges, ciudadanos: CARMEN ANEYA FERNANDEZ DE PARATA y CARLOS JOSE LORENZO PARATA GONZALEZ, ambos ampliamente identificados y en consecuencia disuelto el vínculo matrimonial que los une, contraído por ellos en fecha 12 de julio de 1985, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia La Candelaria, Municipio Libertador del Distrito Capital.

En fuerza de los razonamientos que anteceden, este Juzgado Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en nombre de la República y por autoridad de la ley declara CON LUGAR la Solicitud de Divorcio incoada por los Ciudadanos LUCIA DEL VALLE LAREZ SALAS y DOMINGO ALBERTO FERNANDEZ RAMOS, venezolanos, titulares de las Cédulas de Identidad números V.- 10.877.391 y V.- 6.514.190 respectivamente, fundamentada en el Artículo 185-A del Código Civil, y en consecuencia, se declara DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL que unía a los citados Ciudadanos, contraído el día 28 de Marzo de 1987, ante el Municipio Benítez del Estado Sucre, según consta en Acta N° 25, expedida por la referida Autoridad Civil. Regístrese, Publíquese y Déjese Copia.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley Declara: PRIMERO: INADMISIBLE LA DEMANDA interpuesta por el SINDICATO PROFESIONAL DE LOS SERVICIOS DE CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA (SINPROESCUTV) contra el SINDICATO BOLIVARIANO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA SERVICIO PANAMERICANO, C.A., AFINES Y CONEXOS (SINBOLTRASERPAPRO) y contra la empresa SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN, C.A. (SERPAPROCA) por RETENCIÓN INDEBIDA. SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo no hay expresa condenatoria en costas.

PRIMERO: Declara consumada la PERENCIÓN y en consecuencia, extinguida la instancia en la pretensión de nulidad interpuesta por la empresa SERVICIOS DE GRUAS IBARRAS C.A, representado por los abogados DANILO MOJICA MONSALVO y FAROUK ABDUL HADI, inpreabogado Nros. 26.838 y 21.535 respectivamente, contra la Resolución de fecha 10 de enero de 1990, emanada de la extinta COMISION TRIPARTITA LABORAL DE SEGUNDA INSTANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL y ESTADO MIRANDA adscrita al entonces Ministerio del Trabajo. SEGUNDO: No hay condena en costas conforme al artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: Se deja constancia que el lapso para ejercer recursos en contra de la presente decisión, comenzará a correr a partir del día –exclusive– en que conste en autos la certificación por Secretaría tanto de haberse notificado a la Procuraduría General de la República como de haber transcurrido el lapso de suspensión previsto en el art. 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Rep.....

Ahora bien, tal situación, no tiene con fin poner fin al proceso, sino evitar que se vulnere la garantía constitucional de regularidad, estabilidad y equilibrio procesal y derecho al debido proceso del Oferido, lo cual posibilita que éste pueda desarrollar una defensa en lo términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: LA INADMISIBILIDAD DE LA OFERTA REAL, pudiendo presentarla nuevamente dentro de los lapsos establecidos en la ley. El Juez