En consecuencia, al haber sido requerido, por éste Tribunal, que el ciudadano, FRANKLIN ALIRIO RODRIGUEZ CÁCERES, corrigiera en un plazo de tres (03) días, la demanda por motivo de COBRO DE BOLÍVARES, por ser ambigua, estando agotado dicho lapso sin que se hubiere producido tal actividad por parte del demandante, este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, declara INADMISIBLE la presente demanda. Así se decide.

Ahora bien, Este Juzgado, NIEGA lo solicitado abogada, Elizabeth de Leo, por cuanto en la revisión de las actas procesales y para su efecto resulta impertinente ya que en el decreto de medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar declarado en fecha 26 de junio de 2019 por este juzgado se realizo mediante Una extensión de terreno constante de CINCUENTA Y SIETE HECTAREAS CON CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN METROS CUADRADOS (57has con 4.671 M2), en el Registro Publico de los Municipios Araure, Agua Blanca y San Rafael de Onoto del Estado Portuguesa, bajo Nº 218.428, asiento registral 1, del inmueble matriculado con el Nº 402.16.1.1.16760, folio real del año 2018. Por cuanto no se evidencia la consignación de un registro diferencie y se señale los bienes muebles (bienhechurías) que se encuentran aunados al predio en conflicto.

Ahora bien, este Tribunal en aras de garantizar la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 26 y los derechos y garantías en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fundándose en la concepción instrumental del procedimiento ordinario agrario reflejada en el artículo 154 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, determina la necesidad de SUSPENDER el presente juicio hasta tanto no se resuelva la regulación de la competencia ejercida. A tal efecto, por instrumentalidad del proceso y economía procesal, se ordena remitir la totalidad del presente expediente al Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa y del Municipio Juan Vicente Campo Elías del estado Trujillo, a los fines de que este se pronuncie sobre la misma. Todo ello de conformidad a lo establecido en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.-