Por las razones expuestas este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer del recurso de nulidad interpuesto por el abogado CARLOS OSWALDO ARANGUREN, cédula de identidad V-8.165.699, Inpreabogado Nº 74.188, actuando en propio nombre, contra la Junta Liquidadora de la Fundación Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Carabobo (FUNAESCA), y DECLINA la competencia por ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

Por las razones que anteceden este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, respecto de la acción de amparo constitucional en la modalidad de Habeas Data.

Conforme a lo expuesto, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, Sede Valencia, Estado Carabobo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer del juicio por desalo de inmueble intentada por la abogada NANCY JOSEFINA RAMIREZ TORRENS, con carácter de apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), contra los ciudadanos RUBEN VELOZ y NEILY MALLERLING PARRA GALINDEZ, identificados. En consecuencia, PLANTEA conflicto de competencia negativo con fundamento en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, y ordena remitir las presentes actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa

Por las razones expuestas este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer del recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano RAFAEL ARMANDO CORDOVA, cédula de identidad V-4.345.327, asistido por el abogado ARGENIS FLORES, cédula de identidad V-3.571.991, Inpreabogado Nº 16.122, contra la Fundación Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Carabobo (FUNAESCA), y DECLINA la competencia por ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, sede Valencia, Estado Carabobo, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo tributario conjuntamente con medida cautelar interpuesto por la abogada Rosana Andrea Bielinis Spada, cédula de identidad E-81.196.007, Inpreabogado N° 56.121, con carácter de apoderada judicial de AGROPECUARIA VENEREÑA, C. A., (APEVECA C. A.), inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 17 de julio 1985, N° 46, tomo 19 ¿ A, contra la Resolución N° GGSJ-GR-DRAAT-2008-359 del 17 de julio 2008 dictado por la Gerencia de Recursos del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), con origen en acto administrativo dictado por la Gerencia General de Tributo.....

Conforme a lo expuesto, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, sede Valencia, Estado Carabobo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la querella funcionarial por cobro de intereses de prestaciones sociales interpuesta por la ciudadana BELKIS BRANDT, cédula de identidad V-3.211.681, asistida por la abogada Glady Brandt, Inpreabogado Nro. 62.363, contra EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN (antes MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES). En consecuencia, se ORDENA el pago los intereses de prestaciones sociales de la ciudadana querellante, atendiendo a lo establecido en la parte motiva de este fallo.