En el caso de autos, se observa que la parte demandada pide la intervención de terceros de los ciudadanos señalados por ser común la causa pendiente, sin señalar o alegar en forma alguna la existencia o circunstancia que componen el presunto interés legítimo en el presente juicio por parte de los ciudadanos Felipe Antonio Riera Colmenarez, José Bartolo Villegas, María Luisa Hernández de Bastidas, Narciso José Bastidas Hernández. Tampoco invoca, señala o alega en forma alguna prueba fehaciente documental que conlleve a este juzgador a presumir el referido interés que traiga como consecuencia el llamado a tercero, lo que hace que este tribunal declare INADMISIBLE la intervención de terceros solicitada conforme a lo establecido en los ordinal 4° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no están llenos los requisitos exigidos por este ordinal para que los ciudadanos Felipe Antonio Riera Colmenarez, José Bartolo Villegas, María Luisa Hernández de Bastidas, Narciso José.....

En este contexto, advierte este juzgador la confluencia de los requisitos consagrados en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en el grado establecido en el artículo 244 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; para el decreto de la típica medida de Prohibición de Enajenar y Gravar, siendo en primer término, el fumus bonis juris, es decir, la apariencia del buen derecho que se deriva de la narrativa libelar y de las pruebas instrumentales aportadas; en segundo lugar el "periculum in mora"; consistente en la posibilidad de que el contenido del dispositivo de la sentencia pueda quedar disminuido, a causa del tiempo del proceso judicial, y de la disposición o afectación de los inmuebles sobre los que recae la acción; lo cual conlleva al Tribunal a considerar llenos los extremos indicados en las normas señaladas y a Decretar MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR y GRAVAR, ÚNICAMENTE sobre los inmuebles consistentes en: 1.- El inmueble constituido por ochocientas quince hectá.....

Establecido lo anterior, entiende este Juzgador, que siendo el director del proceso y en aras de salvaguardar la tutela judicial efectiva en su forma de debido proceso establecido en los artículos 26, 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la igualdad entre las partes, por ser un auto de mera sustanciación, podrá realizar la Revocatoria del mismo, por haberse incurrido en un error. En consecuencia, se considera procedente y se REVOCA el auto de fecha diez (10) de Agosto de 2023, y DECLARA la suspensión de la presente causa solicitada por ambas partes, por un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir del día ocho (08) de agosto del presente año; dies a quo; concluido dicho lapso se reanudará en el estado en que se encuentra sin necesidad de notificación a las partes. Así se decide.-

Ahora bien, al respecto de la Resolución del Contrato contenido en documento autenticado en la Notaria Pública de Guanare, estado Portuguesa, en fecha cinco de octubre de 2005, bajo el número 43, folios 134 al 136, del tomo 46; el pago fue pactado por las partes, mediante la entrega de dinero y bienes muebles. En este sentido, una vez revisadas las actas procesales y de acuerdo a las pruebas promovidas, admitidas y evacuadas, puede observarse que ambas partes reconocen la existencia del contrato de promesa bilateral de venta. Se advierte además, que el precio de la venta fue convenido para el momento en la firma del contrato, en la cantidad de cincuenta y cinco mil dólares de los estados unidos de América (USD 55.000). Así como, puede observarse que el demandado ciudadano LISARDO ARTURO MILLERS NELO no ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su condición de oferido, como lo es el pago del monto pactado en el contrato, pues no demostró que hubiere hecho entrega .....