En merito de las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Séptimo De Primera Instancia De Sustanciación Mediación Y Ejecución del Estado Lara administrando Justicia, en nombre de la Ley y de la República Bolivariana de Venezuela se DECLARA INCOMPTETENTE para conocer la presente causa y declina su competencia en cualquiera de los Juzgado de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. A tal efecto, se ordena remitir el expediente al mencionado Tribunal. Y así se decide.

DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, este Tribunal de Control Nº 10 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley ACUERDA: PRIMERO: A los fines de dar cumplimiento al Art. 44 numeral 1 de la Constitución, estima que están presentes los supuestos del Art. 248 del COPP, por lo que se DECRETA LA FLAGRANCIA de la detención del Ciudadano: JONATHAN JOSE DIAZ CRESPO, titular de la cédula de identidad Nº -(Indocumentado). SEGUNDO: SE ACUERDA EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO de conformidad con el art. 280 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: En cuanto a la medida de coerción personal se acuerda MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA a la PRIVACION DE LIBERTAD de conformidad con el artículo 256 ordinal 3º del Orgánico Procesal Penal; como lo es la presentación cada treinta (30) días, por ante la taquilla de este Circuito Judicial Penal.

DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, este Tribunal de Control Nº 10 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley ACUERDA: PRIMERO: A los fines de dar cumplimiento al Art. 44 numeral 1 de la Constitución, estima que están presentes los supuestos del Art. 248 del COPP, por lo que se DECRETA LA FLAGRANCIA de la detención del Ciudadano: JUAN CARLOS RODRIGUEZ CEDEÑO, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.391.955. SEGUNDO: SE ACUERDA EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO de conformidad con el art. 280 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: En cuanto a la medida de coerción personal se acuerda MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA a la PRIVACION DE LIBERTAD de conformidad con el artículo 256 ordinal 3º del Orgánico Procesal Penal; como lo es la presentación cada TREINTA (30) días, por la taquilla de este Circuito Judicial Penal.

este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara declara INADMISIBLE la presente demanda.

Se libra Oficio N° 2010-496, al Juez Segundo de los Municipios Palavecino y Simón Planas del Estado Lara, remitiéndole la presente Comisión cumplida, en original y con sus resultas, constante de 26 folios útiles.

Este Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara ¿ Carora, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en la norma del artículo 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Admite y Homologa el convenio, por no ser contrario a los intereses del niño y ordena que el mismo se tome como una Sentencia Firme.

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, actuando en sede Constitucional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Su INCOMPETENCIA para seguir conociendo y decidir en primera instancia el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos interpuesto por la abogada SILVIA NATERA TORRES, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 102.119, actuando con el carácter apoderada judicial de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO TRUJILLO, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa No. 070-2008-0113, de fecha 29 de agosto de 2008, dictado por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO TRUJILLO SEDE VALERA, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos a favor del ciudadano Rómulo Nava, .....

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, actuando en sede Constitucional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Su INCOMPETENCIA para seguir conociendo y decidir en primera instancia el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de amparo y subsidiariamente solicitud de suspensión de efectos interpuesto por la abogada ALBA MUCHACHO PEÑA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 58.118, actuando con el carácter apoderada judicial de la empresa CVA AZÚCAR, S.A., contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa No. 070-2009-150, de fecha 27 de octubre de 2009 y del acto de fecha 20 de octubre de 2009, dictado por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO TRUJILLO SEDE VALERA, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de ree.....

En razón de lo anterior, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO del procedimiento en el recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por la abogada Ileana Porteles Meza, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 80.219, en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil RHODIA SÍLICES DE VENEZUELA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 27 de junio del 2000, bajo el Nº 92, tomo 431-A-Qto., contra los actos administrativos contenidos en la medida cautelar de fecha 09 de enero del 2009, y en la Providencia Administrativa Nº 239, de fecha 27 de abril del 2009, dictados por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO.....

En consecuencia, visto que no existe un pronunciamiento de este Tribunal mediante el cual se haya pronunciado sobre su competencia o incompetencia, para que haya cabida a una regulación de competencia, no cumpliéndose ninguno de los supuestos que establecen los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Civil, ni tampoco se encuentra el presente asunto en una fase o estado que autorice a las partes para interponer dicha regulación, debe forzosamente declararse IMPROCEDENTE la solicitud realizada en fecha 23 de septiembre del 2010.