Este Juzgado Nacional Segundo declara: HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO del procedimiento formulado en la demanda por vías de hecho interpuesta por el abogado Francisco Ramírez Ramos, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 216.461, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de TUBERÍAS RÍGIDAS DE P.V.C., C.A. (TUBRICA), sociedad mercantil domiciliada en Barquisimeto, estado Lara, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA (BANDES).

Este Juzgado Nacional Segundo Declara: 1.- NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA por el Tribunal Vigésimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 22 de julio de 2022, para conocer en primer grado de jurisdicción de la Demanda de Oferta Real y Depósito, interpuesta por la abogada María Eugenia Cova Salazar, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 44.984, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la sociedad mercantil INDUSTRIA DISTRIBUCIONES MARPLAST, C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 30 de abril de 2009, bajo el Nº 30, Tomo 13-A, e identificada en el RIF- J-297656863, contra el BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOEX). 2.- PLANTEA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. 3.- Ordena REMITIR el presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.....

Este Juzgado Nacional Segundo Contencioso Administrativo declaró: 1.- a los fines de resolver el recurso de apelación que nos ocupa, con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, estima pertinente solicitar a la ALCALDÍA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO FRANCISCO DE MIRANDA DEL ESTADO GUÁRICO, consigne cualquier documento donde se desprenda si la ciudadana MERYS MERCEDES ESCOBAR GALLARDO, titular de la cédula de identidad Nº V.- 10.273.976, se encuentra aún activa en dicha institución, indicando, de ser el caso, la naturaleza de la relación de empleo mantenida entre dicho organismo y la prenombrada ciudadana, toda vez que se estima de importancia la información requerida, a los fines de emitir pronunciamiento. Así se decide.