DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal de Ejecución Nº 4, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, conforme a lo dispuesto en el Artículo 105 del Código Penal, DECLARA: PRIMERO: LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL, por el cumplimiento de la condena impuesta al penado ABEL JOSÉ RODRÍGUEZ VARGAS, en la presente causa, más las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal, por la comisión del delito de PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO. SEGUNDO: Notifíquese de la presente decisión al Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público del Estado Lara, a la Unidad Técnica de Supervisión y Orientación del Estado Lara, a la Defensa, y al Penado; y una vez quede firme la presente decisión, remítase el presente Asunto al Archivo Judicial.- Dada, firmada y sellada en la sala del despacho de este Tribunal, en la ciudad de Barquisimeto, a los Veintidós (22) días del mes de Febrero.....

Este Tribunal administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley ACEPTA LA DESESTIMACIÓN solicitada por la Representante del Ministerio Público y ordena devolver las actuaciones a la mencionado Fiscalía, todo de conformidad con lo establecido en los Artículo 283 y 284 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.-Y así se declara. Regístrese, notifíquese a la victima y después del lapso legal remítase al Fiscal.

Así las cosas, se observa que la última actuación tendiente al impulso de las notificaciones se realizó el 02 de marzo de 2012, en el que se aclaró el número de providencia colocada en los oficios y las copias anexadas; y en fecha 17 de septiembre de 2012, se recurrió de un auto relacionado con la continuación del juicio, que también debe ser tomado en cuenta como interés de la parte; por lo que no existe desde dicha actuación hasta ahora más de un año de inactividad. En consecuencia, no se cumplen los extremos del Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo que se declara sin lugar la perención de la instancia solicitada por el tercero interviniente. Así se establece.

D I S P O S I T I V A Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, resuelve: PRIMERO: Se decreta CON LUGAR LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA de los ciudadanos(as) FRANCISCO JAVIER LINAREZ GONZALEZ, cédula de identidad Nº 20.472.222, FRANK EDUARDO LOVERA, cédula de identidad Nº 16.584.459, BORIS ALEXANDER CASTILLO, cédula de identidad Nº 15.579.273, GENESIS ADRIANA CHIRINOS, cédula de identidad Nº 26.668.955, EGLE KATHERNE FERNANDEZ cédula de identidad Nº 18.827.270, LESLIER GISELA TORREALBA ARRAEZ cédula de identidad Nº 25.146.865, por la presunta comisión del delito de INVASIÓN previsto y sancionado en el artículo 471-A del Código Penal Venezolano. SEGUNDO: Se acuerda el PROCEDIMIENTO ORDINARIO de conformidad con el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: En cuanto a la medida coerción personal,.....

Por lo anteriormente ESTE TRIBUNAL PENAL DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL Y MUNICIPAL EN FUNCIONES QUINTO DE CONTROL del Circuito Judicial Penal del Estado Lara. Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley decide en los siguientes términos: PRIMERO: Este Tribunal impone Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 numeral 3ro, es decir, presentación periódica cada treinta (30) días. SEGUNDO: Se acuerda dejar sin efecto la orden de aprehensión en contra del IMPUTADO de autos ESDRAS AARON OCHOA CENTENO, titular de la cedula de identidad Nº 21.141.706. TERCERO: Se acuerda fijar AUDIENCIA ORAL de conformidad con el artículo 47 del COPP, para el día 22/03/2013 a las 08:30 a.m., se le notifica en este acto al imputado y su defensora que debe comparecer en la fecha fijada.

En merito de las consideraciones anteriores, este Tribunal Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Ley y el derecho declara; la INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA por no subsanación el lapso legal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.-

Este tribunal, visto que la mediación ha sido positiva y por cuanto la misma no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden publico, HOMOLOGA EL PRESENTE ACUERDO DE LAS PARTES de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1713 del Código Civil Venezolano.

Este tribunal, visto que la mediación ha sido positiva y por cuanto la misma no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden publico, HOMOLOGA EL PRESENTE ACUERDO DE LAS PARTES de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1713 del Código Civil Venezolano.

Este Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley y el derecho declara: PERENCIÓN DE LA INSTANCIA por inactividad de la parte de conformidad con lo establecido en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO intentado por el ciudadano NELSON GERARDO PEROZA BAEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 7.365.892, en contra del COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO LARA, y como consecuencia de ello la extinción del procedimiento, conforme a lo establecido en los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil, aplicados analógicamente por remisión del artículo 11 de la Ley Orgánica del Trabajo.