El Tribunal, advierte expresamente que al ser el presente proceso de conocimiento de la jurisdicción especial agraria, LA PRÁCTICA DE LA EJECUCIÓN de la medida nominada dictada, debe atenderse ala holística perspectiva, de los postulados establecidos en los artículos 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 1 y 152 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y así ha de mantenerse y asegurar el desarrollo de las actividades agrícolas, en el ámbito de la especialidad y autonomía del derecho agrario, razón por la cual, SE EXCLUYEN EXPLÍCITAMENTE de la ejecución de la presente medida cautelar, todos aquellos bienes propiedad del demandado que se encuentren vinculados con la actividad agraria, en resguardo al interés público de la continuidad de los procesos agro-productivos en la República. Así se decide.

En consecuencia, este Juzgador, NIEGA lo solicitado por el abogado José Miguel García Rojas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 268.562, en su carácter de apoderado judicial los ciudadanos los ciudadanos DEGLY DAUSDEDITH GÓNZALEZ MÁRQUEZ, DEDDY DAIRELY GÓNZALEZ MÁRQUEZ y ANA SAIDELY GÓNZALEZ MÁRQUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 23.293.110, 19.573.274 y 19.573.276; por tratarse de un despacho de prueba, debiendo ser entregado por el Alguacil de este Tribunal. Así se decide.-

El Tribunal, advierte expresamente que al ser el presente proceso de conocimiento de la jurisdicción especial agraria, LA PRÁCTICA DE LA EJECUCIÓN de la medida nominada dictada, debe atenderse ala holística perspectiva, de los postulados establecidos en los artículos 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 1 y 152 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y así ha de mantenerse y asegurar el desarrollo de las actividades agrícolas, en el ámbito de la especialidad y autonomía del derecho agrario, razón por la cual, SE EXCLUYEN EXPLÍCITAMENTE de la ejecución de la presente medida cautelar, todos aquellos bienes propiedad del demandado que se encuentren vinculados con la actividad agraria, en resguardo al interés público de la continuidad de los procesos agro-productivos en la República. Así se decide.

Constata este Juzgador, que no habiendo contestado la demanda los ciudadanos BONIFACIO CASTILLO QUEVEDO y MARÍA AUXILIADORA COLINA ADRIANZA, en el lapso correspondiente, se abrió de pleno derecho un lapso de promoción de pruebas, para que los mencionados ciudadanos pudieran indicar todos los medios probatorios tendientes a desvirtuar los hechos alegados por el accionante, actividad que no realizó. No han probado los demandados nada que le favorezca en el transcurso del presente procedimiento. Como se ve, los ciudadanos BONIFACIO CASTILLO QUEVEDO y MARÍA AUXILIADORA COLINA ADRIANZA, se citaron válidamente en la presente causa, no contestó la demanda, no promovió prueba alguna a su favor, resulta forzoso para este juzgador, con vista a la inercia de la parte demandada declarar la confesión ficta, quedando demostrada la autoría de la firma estampada en el instrumento privado cuyo reconocimiento se pretende. Así se decide.-

De acuerdo con lo expuesto, es evidente la falta de interés de la parte accionante de instruir la presente, en virtud que la misma no concurrió en ningún momento, después de la llegada de dicho expediente a este Despacho, lo que inevitablemente hace presumir que la situación jurídica que dio lugar al surgimiento de la necesidad de administración de justicia ha cesado, por lo que resulta forzoso para este Juzgado establecer la existencia en autos de la pérdida del interés procesal de la parte demandante, ya que la misma no compareció a gestionar lo conducente para la culminación de la presente, y en consecuencia debe declararse el decaimiento y extinción de la incidencia de tacha.