DECISIÓN Con fundamento a lo anteriormente expuesto, este Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente en Sala de Juicio, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Con lugar la demanda de divorcio fundamentada en la causal tercera del artículo 185 del Código Civil, intentada por el ciudadano Oscar Alexis Escalona, en contra de la ciudadana Dilia Yudith Rivero Riera. En consecuencia, se declara disuelto el vínculo conyugal contraído ante la Junta Parroquial de la Parroquia Montes de Oca del Municipio Torres del Estado Lara, en de fecha 15 de febrero de 1.992, bajo el Nº 01. Liquídese la comunidad conyugal. Se dictan las siguientes medidas provisionales de conformidad con el artículo 351 parágrafo primero de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, las cuales son las siguientes: "a) En cuanto a la patria potestad la ejercerán ambos padres. b) En cuanto a la guarda y custodia ser.....

Por todas las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en nombre de al República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley NIEGA LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR PRIVATIVA DE LIBERTAD, presentada por imputado ALEXANDER PASTOR CORDERO, quien es Venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No 2.544.916 a quien se le sigue Proceso Penal por la presunta comisión del delito de: RDISTRIBUCION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTROPICAS, por cuanto no han variado las circunstancias que dieron lugar a que se dictara la medida extrema cautelar de privativa de libertad y no proceder el decaimiento de la medida, toda vez que el retardo procesal es imputable al acusado y así se establece a tenor de lo previsto en los artículos 250, 251 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal,

Por los razonamientos expuestos, este Tribunal de Control Nº 3, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, mantiene a los ciudadanos Edinson Pacheco Vargas y Sugei Saraid Terán Colmenárez, Edgar Alexander Pimentel y Jenny del carmen Rincones Alvarado, ampliamente identificados en autos, la medida de privación judicial preventiva de libertad contenida en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, como quedó anteriormente establecido. Notifíquese a las partes.

DISPOSITIVA Por razones anteriormente expuestas, este Tribunal de Control Nro 5 del Circuito Judicial penal del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECRETA LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD contra el ciudadano DANNY SAMUEL VALENZUELA, anteriormente identificado, por la comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto y sancionado en el tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Trafico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por cuanto son concurrentes los presupuestos del artículo 250 y se dan los extremos del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal y la misma se cumplirá en el Centro Penitenciario de la Región Centroccidental. Se acordó la continuación del presente asunto por la vía del Procedimiento Ordinario. Cúmplase.

Por todas las razones anteriormente expuestas, este Tribunal de Control administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley declara INADMISIBLE el Amparo específico por Recurso de Habeas Corpus intentado, a favor de los ciudadanos: ALFREDO DE JESUS PIÑERO TERAN Y PEDRO JULIO JAIME GRIMON, venezolano, titulares de la Cédula de Identidad Nros. 17.182.224 y 16.323.143 respectivamente por cuanto considera esta Juzgadora de conformidad con el Artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales ha cesado la Violación del Derecho pues con fundamento al Informe presentado los referidos ciudadanos no se encuentran detenidos.- Notifíquese de la Decisión al Fiscal Vigésimo Primero del Ministerio Publico del Estado Lara.

Se ordena la reproducción del acto de inspección judicial en el Centro Penitenciario de la Región CentroOccidental, fijado para el día 24 de marzo a las 10.30 am. mediante fotografía o cintas de video de ejecución inmediata; que será realizada con instrumentos aportados y operados por la solicitante; y controlada por el juez; todo de conformidad con el artículo 475 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Asimismo se ordena, advertir a la promovente de la prueba, que en la utilización de la misma se debe respetar el Derecho al honor, Reputación, Propia Imagen, Vida Privada e Intimidad Familiar del sancionado, previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y garantizado por la Confidencialidad prevista en el artículo 545 ejusdem. Notifiquese a la Defensa y al Fiscal del Ministerio Público con competencia en Responsabilidad Penal de Ad.....

Por todas las razones de hecho y de derecho expuestas, este Tribunal tercero de Primera Instancia en funciones de juicio del Circuito judicial Penal del Estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley ACUERDA: 1º) OFICIESE al Jefe de la Comisaría Nro. 22, acusando comunicación (f.202) a los fines de que informe el cumplimiento de la medida de la Ciudadana Norma Josefina Hernández, aportándole la dirección exacta, suministrada por la defensa. 2º) DECLARA SIN LUGAR LA SOLICITUD DE REVISION DE MEDIDA, presentada por el Dr. Alí Enrique Sánchez Montilla, en su condición de Abogado privado de las Ciudadanas: NORMA JOSEFINA HERNANDEZ y GLORIA MARGOT GUANAY, las cuales se encuentran en detención domiciliaria, sin que este Tribunal tenga conocimiento ni por autos, ni por la revisión del Sistema Juris 2000 como lo sostiene la defensa, que la ciudadana Gloria Guanay se encuentre recluida en Uribana. Con el presente auto, se ratifica la decisi.....

Por consiguiente, en el caso de autos, no se desprende ningún elemento de convicción acerca de los demás extremos requeridos, dado que la parte accionante sólo se limitó a indicar la cautela innominada requerida, sin fundamentar los alegatos sobre los cuales solicita la medida y sin demostrar que están llenos los demás requisitos –periculum in mora, periculum in damni y ponderación de intereses colectivos e individuales- los cuales deben concurrir necesariamente para que pueda establecerse la procedencia de la cautelar solicitada, conforme a lo sostenido por la doctrina supra analizada, por lo que este Juzgador debe declarar sin lugar la medida cautelar innominada solicitada por la empresa MULTISERVICIOS LA BARCA, S.R.L, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 19-03-1989, anotado bajo el Nro. 03, Tomo 6-A; y modificados sus Estatutos por Acta Asamblea Extraordinaria inscrita en el mismo registro mercantil, anotada bajo el nro. 0.....

Asimismo observa quien juzga, que en base a lo alegado por la parte actora este tribunal no puede constatar efectivamente que exista un peligro de disposición del cargo, como se señalo anteriormente, ya que si en el supuesto de que sea ocupado por otro funcionario y que ingrese a través de los canales regulares, este tribunal en reiteradas decisiones a ordenado que la parte actora deberá ser reincorporada al mimo cargo o a otro de igual o superior jerarquía, es decir que no existe tal peligro como lo alega la parte recurrente, en consecuencia este Juzgado se ve en la necesidad de negar la medida solicitada por cuanto no se encuentra probado uno de los requisitos de procedencia de la medidas cautelares y Estos requisitos deben concurrir necesariamente para que pueda establecerse la procedencia de la cautelar solicitada, conforme a lo sostenido por la doctrina supra analizada.

Se ordenó la Apertura del Juicio Oral y Público y el Enjuiciamiento del Acusado, emplazando a las partes para que en el plazo común de cinco días concurran ante el Juez de Juicio competente, a los fines legales pertinentes. Asimismo, se instruyó a la Secretaría a objeto de remitir al Juzgado de Juicio respectivo la documentación, las actuaciones y los objetos que se incautaron. Las partes quedaron notificadas en audiencia oral, por lo que se ordena la publicación del presente auto. Líbrese Oficio remitiendo la presente causa al Juzgado de Juicio. Cúmplase.