Este Tribunal en acatamiento a la referida resolución, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dictó Sentencia Interlocutoria de declinatoria de competencia y se ordenó remitir la presente solicitud a la Unidad Receptora de Documentos Civil del Estado Lara a los fines de su distribución en uno de los Juzgados de Municipios de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto.

4.- DECISION. OÍDAS LAS EXPOSICIONES DE LAS PARTES Y SUS ALEGATOS, ESTE TRIBUNAL DE CONTROL No. 09, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: PRIMERO: Se Legaliza la aprehensión del ciudadano JUNIOR ANTONIO TORRES BRIZUELA Titular de la Cedula de Identidad Nº 20.928.344, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que se si bien es cierto que el mismo no fue capturado cometiendo ningún delito no es menos cierto que la misma presentaba una Orden de Aprehensión emanada de este Tribunal de fecha 12/12/2012 a solicitud de las Fiscalía 2º del Ministerio Publico por los hechos ocurridos en fechas 04/03/2012 y que fueron suficientemente expuestos por la representación fiscal SEGUNDO: Se admite la precalificación de los delitos dados por las Fiscalía 2 del Ministerio Publico de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO.....

4.- DECISION. OÍDAS LAS EXPOSICIONES DE LAS PARTES Y SUS ALEGATOS, ESTE TRIBUNAL PENAL DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL Y MUNICIPAL EN FUNCIONES NOVENO DE CONTROL, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: PRIMERO: Se Legaliza la aprehensión del ciudadano KEINER DAVID GRANADILLO MARTINEZ, Titular de la cedula de identidad Nº 22.332.782 de conformidad con lo establecido en el artículo 44 numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que se si bien es cierto que el mismo no fue capturado cometiendo ningún delito no es menos cierto que el mismo presentaba una Orden de Aprehensión emanada de este Tribunal de fecha 18/07/2013 a solicitud de las Fiscalía 9º del Ministerio Publico. SEGUNDO: Se admite la precalificación dada por las Fiscalía 9 del Ministerio Público de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, Previsto en el articulo 406 numeral 1 del Códi.....

Por las razones anteriores, este Tribunal Segundo de Ejecución, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Concede el Beneficio de Redención de la Pena por el Trabajo y el Estudio al penado {.......}, {.......}, por el lapso de UN (01) MES Y VEINTIOCHO (28) DIAS, que se le restan de la pena que le fue impuesta, computándosele como pena cumplida, todo de conformidad con los Artículos 03, 05 y Primer Aparte del Artículo 06 de la Ley de Redención de la Pena por el Trabajo y el Estudio y 508 del Código Orgánico Procesal Penal. Practíquese Nuevo Cómputo sumándole la presente redención y Remítase copia al Director del Centro de Reclusión, Notifíquese al Fiscal Penitenciario del Ministerio Público, a la Defensa y al penado. . Regístrese, Publíquese, Notifíquese y Ofíciese.

Este Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley y el derecho declara: DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO intentado por los ciudadanos JOSE DE JESUS RODRIGUEZ PÉREZ, ORLANDY RAFAEL ROMERO GONZÁLEZ, GERARDO ANTONIO SALCEDO CANELON, VICTOR MANUEL PERAZA ORELLANA, ALBERTO JOSE DUEÑER ALEJOS, DANNY JESUS PRADO BRICEÑO, JUAN JOSE RIVERO LOPEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nro. 11.851.026, 20.024.204, 17.277.480, 16.414.745, 19.263.115, 20.015.092 y 23.573.921, en contra de DESTILERIA TIUNA C.A. y como consecuencia de ello la extinción del procedimiento incoado en su contra, conforme a lo establecido en los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil, aplicados analógicamente por remisión del artículo 11 de la Ley Orgánica del Trabajo.-

En virtud de las consideraciones previamente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN anunciado en fecha 19 de septiembre de 2013, por la Profesional del Derecho, MARIANA PERAZA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 119.447, contra la Sentencia proferida por este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en fecha 08 de agosto de 2013. Y así se decide.-

En mérito de las anteriores consideraciones este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, administrando justicia, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: Su INCOMPETENCIA para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente son solicitud de amparo cautelar, por la ciudadana RAQUEL CENTENO SILVA, titular de la cédula de identidad Nº 6.494.363, asistida por los abogados Luis García San Juan y Daniel Iglesias, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 10.851 y 37.197, respectivamente, contra el acto administrativo contenido en la "Decisión del Consejo Directivo Regional de la Universidad Experimental "ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" de fecha 26 de julio de 2012, el Consejo Universitario mediante Resolución C.U. Nº 2012-E-14-001 PUNTO 001 y la posterior Resolución número: 2012-04-11 de f.....

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer y decidir el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Jhonny Ramón Tovar Martínez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 87.658, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos MORAIMA NIEVES ALVARENGA, DOMINGO ANTONIO RINCONES, NAYLETH CHAKRA GONZÁLEZ, RAMÓN ANTONIO ABREU ESCALONA, JESÚS LUIS GARCÍA SOTO, JUAN BAUTISTA TORREALBA, JORGE LUIS RIVERO MARTÍNEZ, ANTONIO JOSÉ PIÑA TORREALBA, PEDRO JOSÉ CUICAS RODRÍGUEZ, FORTUNATA DEL ROSARIO CUICAS DE CAMACARO, LUIS MANUEL SALCEDO, BUEN AVENTURA DEL CARMEN LÓPEZ MONTES y ELSY CAROLINA HERNÁNDEZ VIRGUEZ, titulares de las cédulas de identidad Nos. 3.728.207, 7.307.398, 9.542.84.....

En mérito de las anteriores consideraciones este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, administrando justicia, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley declara: .- La PERENCIÓN de la instancia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

En razón de lo anterior, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: HOMOLOGADA LA TRANSACCIÓN celebrada en la presente causa, contentiva del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana GONZÁLEZ MARÍA GLADYS, titular de la cédula de identidad Nº 3.081.984, asistida por el abogado Rafael Leonidas Lara, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 37.389, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO LARA, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: Se le otorga el carácter de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil.