Este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación Judicial del Estado Lara, visto que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el presente proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables de la trabajadora, ni normas de orden público, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL PRESENTE ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada.

DECLARA: PRIMERO: Se REPONE LA CAUSA al estado de que se practique el DESPACHO SANEADOR y una vez efectuada se deberá continuar con la sustanciación de la causa. En consecuencia, se declara NULO el auto de admisión de la demanda de fecha 23 de mayo de 2000 que riela al folio cuatro (4) de autos, así como las actuaciones practicadas con posterioridad.

Siendo la oportunidad fijada para que tenga lugar la prolongación Audiencia Preliminar en la presente causa, se deja expresa constancia que una vez hecho el llamado respectivo de las partes en juicio, la parte actora no compareció ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Lara en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO.

en consecuencia, es forzoso declarar la “Perención de la Instancia”, y así se decide. Por lo que éste JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, y como consecuencia de ello la extinción del proceso ordenándose así el archivo oportuno del expediente y la remisión del mismo al Depósito de Expediente del Archivo Judicial Regional.

en consecuencia, es forzoso declarar la “Perención de la Instancia”, y así se decide. Por lo que éste JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, y como consecuencia de ello la extinción del proceso ordenándose así el archivo oportuno del expediente y la remisión del mismo al Depósito de Expediente del Archivo Judicial Regional.

, declara CON LUGAR el divorcio y disuelto el vínculo matrimonial que contrajeron los ciudadanos JUAN ARNOLDO CANELA MUJICA y JHENCY PASTORA PERALTA

Este JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en sede constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por los ciudadanos JOSÉ LUIS MEDINA Y HOWARD VÁSQUEZ, asistidos por el abogado RICHARD RODRÍGUEZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara de fecha 31 de agosto de 2004 y contra el auto de fecha 06 de septiembre de 2004. En consecuencia, a los fines del restablecimiento de la situación jurídica infringida, ORDENA LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA al estado de que se notifiquen a todas las partes involucradas en la presente acción de amparo constitucional, a fin de que concurran ante el tribunal de la causa para enterarse del día y hora en que habrá de llevarse a cabo la audiencia oral y pública respectiva, así como también ordena REVOCAR la decisi.....

Este JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en sede constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por los ciudadanos CORA LINA DAZA LISCANO, ELVIA ELISA JIMÉNEZ MUJICA, RAFAEL ANGEL RODRÍGUEZ BRACHO, OSWALDO ANTONIO SIVIRA OROPEZA y RAMÓN ANTONIO ALBORNOZ CASTILLO, venezolanos, mayores de edad, cédulas de identidad Nº V- 3.867.912, 4.734.677, 646.242, 7.304.823, 7.302.526 respectivamente, de este domicilio, en contra de la COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V), inscrita por ante el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal el día 20 de junio de 1930, bajo el N° 387. En consecuencia, a los fines del restablecimiento de la situación jurídica infringida, ORDENA a la empresa COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V) pagar a los ciudadanos CORA.....

Este JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en sede constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por los ciudadanos CORA LINA DAZA LISCANO, ELVIA ELISA JIMÉNEZ MUJICA, RAFAEL ANGEL RODRÍGUEZ BRACHO, OSWALDO ANTONIO SIVIRA OROPEZA y RAMÓN ANTONIO ALBORNOZ CASTILLO, venezolanos, mayores de edad, cédulas de identidad Nº V- 3.867.912, 4.734.677, 646.242, 7.304.823, 7.302.526 respectivamente, de este domicilio, en contra de la COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V), inscrita por ante el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal el día 20 de junio de 1930, bajo el N° 387. En consecuencia, a los fines del restablecimiento de la situación jurídica infringida, ORDENA a la empresa COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V) pagar a los ciudadanos CORA.....

Este JUZGADO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en sede constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por los ciudadanos CORA LINA DAZA LISCANO, ELVIA ELISA JIMÉNEZ MUJICA, RAFAEL ANGEL RODRÍGUEZ BRACHO, OSWALDO ANTONIO SIVIRA OROPEZA y RAMÓN ANTONIO ALBORNOZ CASTILLO, venezolanos, mayores de edad, cédulas de identidad Nº V- 3.867.912, 4.734.677, 646.242, 7.304.823, 7.302.526 respectivamente, de este domicilio, en contra de la COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V), inscrita por ante el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal el día 20 de junio de 1930, bajo el N° 387. En consecuencia, a los fines del restablecimiento de la situación jurídica infringida, ORDENA a la empresa COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V) pagar a los ciudadanos CORA.....