Con base en lo expuesto, resulta forzoso para quien juzga, en virtud de las circunstancias ya descritas, aplicar las consecuencias jurídicas establecidas la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y declarar desistida la apelación interpuesta por los Abogados Deisy Muñoz, en su condición de apoderada judicial de la parte demandante; y Walter Rodríguez, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, contra la Sentencia de fecha 31/10/2005, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de esta Circunscripción Judicial. Y así se decide.

En consecuencia, resulta forzoso para este sentenciador desechar la presente pretensión de amparo constitucional, por existir otro medio procesal idóneo y eficaz, capaz de tutelar el derecho de los quejosos, ello en aplicación de la previsión contenida en el ordinal 5° del artículo 6 en concordancia con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

En razón de lo anteriormente expuesto, en atención a lo dispuesto en el Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana, se debe tener al auto de fecha 12 de noviembre de 2003 como el auto de admisión de la presente demanda que da curso al proceso, el cual garantizó plenamente el derecho a la defensa y al debido proceso, tan es así que ambas partes comparecieron a cada una de las etapas del proceso; en consecuencia considera esta Alzada que no resulta suficiente para reponer la causa, tal como fue solicitado por la parte recurrente, el hecho de la simple formalidad de carecer de la nomenclatura el auto de admisión de la demanda, resultando forzoso para quien decide declarar Improcedente el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada recurrente. Y así se decide.

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR el Recurso de Apelación ejercido el abogado Franklin Amaro, apoderado judicial de la parte demandante, contra la decisión proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial en fecha 02/03/2006. SEGUNDO: CON LUGAR el cobro de diferencia de prestaciones sociales incoado por el ciudadano David Ramón Mujica contra la Sociedad Mercantil Dell Acqua C.A, ambos plenamente identificados en Autos. TERCERO: Se ordena a la Sociedad Mercantil Dell Acqua C.A, que pague al ciudadano David Ramón Mujica, identificado en autos, la suma de Cinco Millones Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Cuatro Bolívares con Ochenta.....

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley declara: PRIMERO: DESISTIDO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Abogado Ranier González Montilla, en su condición de apoderado judicial de la parte demandante, contra la Sentencia de fecha 03/03/2006, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de esta Circunscripción Judicial. SEGUNDO: Se CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia recurrida. TERCERO: No hay condenatoria en Costas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

Por los razonamientos de hecho y de derecho que anteceden este Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada recurrente. SEGUNDO: Se condena en Costas a la parte demandada por resultar totalmente perdidosa, de conformidad con el Artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. TERCERO: Se ordena notificar de la presente decisión al Síndico Procurador Municipal.