Respecto a los efectos de una reclamación contractual, los requisitos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, pueden estar presentes en los mismos recaudos o documentos que se acompañen a la demanda. En el presente caso, este Tribunal estima que de los documentos públicos, auténticos y privados que en original, certificación y copias han sido acompañados por la parte actora, surge la prueba del derecho que se reclama, y además, dimana el temor fundado de que quede ilusoria la ejecución del fallo, es decir, concurren en la presente causa los dos extremos exigidos en la citada norma procesal. Asimismo, observa que en relación a las medidas innominadas solicitadas concurre, también, el periculum in damni. Establecido lo anterior, este Tribunal luego de una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, observa para el caso de marras, la constitución de la presunción grave del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, en razón q.....

Este Tribunal admite las pruebas promovidas por la representación Judicial de la recurrente, cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva.

D I S P O S I T I V A Por los razonamientos antes explanados, esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se ADMITE el Recurso de Apelación por efecto suspensivo, interpuesto por el DR. MARCOS ROJAS, en su carácter de Fiscal Auxiliar de Sala de Flagrancia del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Vigésimo (20°) de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, a cargo de la Juez SCARLETT BARRIOS VIVAS, de fecha 26 de Octubre del presente año, en la causa seguida en contra del ciudadano ERICK LUIS GONZALEZ GRANADINO, de conformidad con el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación con efecto s.....

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Vigésimo Sexto (26º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República y por autoridad de Ley, declara la INCOMPETENCIA por la Materia de este Tribunal para conocer de la presente demanda por Cobro de Beneficios Sociales y Otros Conceptos incoada por la ciudadana MORAIMA JOSEFINA REYES CAÑONGO, cédula de identidad Nº11.927.306, en contra del instituto autónomo: INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI). En consecuencia, se ordena que una vez haya precluído el lapso de impugnación de la presente decisión, se líbre oficio de remisión al Tribunal Distribuidor de los Tribunales Superiores Civiles y Contencioso Administrativo de la Región Capital, con conocimiento en materia funcionarial, y consecuentemente se remitan las presentes actuaciones e igua.....

Se dictó sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, mediante la cual se declaró LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo estatuido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia prevista en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas.

Se REPONER Causa, al estado de admisión de las pruebas promovidas por las partes en el presente Juicio, sea sustanciada de conformidad con el Procedimiento Oral, establecido en el artículo 868 del Código de Procedimiento Civil.- ASÍ SE DECIDE.-

este Tribunal Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Transición de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 514 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO de RECTIFICACIÓN DE PARTIDA y en consecuencia, se DECLARA EXTINGUIDA LA INSTANCIA y se ordena el cierre y archivo del presente asunto. Ordénese el CIERRE Y ARCHIVO de la presente causa. Y ASÍ SE DECIDE.

Se DECRETÓ MEDIDA DE PROHIBICIÓN ENAJENAR Y GRAVAR, y se negó la solicitud del EMBARGO PROVISIONAL DE BIENES MUEBLES.

Por los razonamientos anteriores, este Tribunal Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: INCOMPETENTE para conocer sobre el recurso remitido por el Juzgado Superior Primero en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital y, en consecuencia ordena la remisión del expediente, a los Tribunales de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de este Circuito Judicial.

La Juez del Tribunal Noveno de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, sin perjuicio de terceros de iguales o mejores derechos, declara las presentes actuaciones Título de Únicos y Universales Herederos de la De Cujus YESENIA LISETH PORRAS YÁNEZ, quién en vida fuera titular de la cédula de identidad N° V10.797.887, a sus hijos la adolescente SE OMITE LA IDENTIFICACIÓN y al ciudadano EDUARDO ANTONIO BAPTISTA PORRAS. Todo de conformidad con lo previsto en el artículo 517 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y el Adolescente, en concordancia con los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil.