Se dictó decisión mediante la cual esta Corte Segunda: 1.- Declaró SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente solicitud de suspensión de efectos por el apoderado judicial de la sociedad mercantil CONSTRUCTURA CANALES, C.A., contra la Providencia Administrativa N° 54 de fecha 14 de noviembre de 2001, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana GEDYS REYES, contra la referida sociedad mercantil. 2.- ORDENÓ la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la causa. Ordenó notificar al recurrente y a los terceros interesados.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte Segunda: 1.- Declaró SU INCOMPETENCIA para seguir conociendo en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado, por la apoderada judicial de la sociedad mercantil SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS FAPCO, S.A., contra la Providencia Administrativa N° 02-102 de fecha 31 de diciembre de 2002, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN LA ZONA DEL HIERRO DEL ESTADO BOLÍVAR. 2.- ORDENÓ la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la causa. Ordenó notificar al recurrente. Decisión publicada siendo las 8:45 de la mañana y registrada bajo el N° 2005-03128.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte Segunda: 1. Se declaró INCOMPETENTE para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con suspensión de efectos por el apoderado judicial de la empresa CENTRAL MADEIRENSE C.A., identificada al inicio, contra la Providencia Administrativa Nº 66-03 de fecha 16 de mayo de 2003, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos intentada por el ciudadano José Hernández. 2. DECLINÓ la competencia para conocer del recurso en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital que corresponda previa distribución. 3. ORDENÓ remitir el expediente al Juzgado que cumpla función de Distribución en la referida Región.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte Segunda: 1. Se declaró INCOMPETENTE para conocer y decidir el recurso de nulidad conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos interpuesto contra la Providencia Administrativa N° 12 de fecha 31 de enero de 2001, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Táchira que declaró con lugar la calificación de despido incoada por el Consorcio Integral Andino 92 C .A - Hotel El Tama. 2. ORDENÓ la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que sea resuelto el conflicto negativo de competencia planteado. Ordenó notificar al recurrente.

La Corte ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, para que tal órgano asuma la competencia y decida el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

La Corte se declaró INCOMPETENTE para conocer del presente recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con suspensión de efectos interpuesto y DECLINA LA COMPETENCIA al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital a quien corresponda previa distribución.

La Corte declaró DEFINITIVAMENTE FIRME la sentencia dictada el 9 de marzo de 2005, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito del Estado Bolívar, la cual declaró INADMISIBLE la pretensión de amparo constitucional interpuesta.

La Corte declaró DEFINITIVAMENTE FIRME la sentencia dictada el 10 de marzo de 2005 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró Con Lugar la pretensión de amparo constitucional interpuesta.

La Corte declaró DEFINITIVAMENTE FIRME la sentencia dictada el 22 de marzo de 2005 por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, mediante la cual declaró INADMISIBLE la pretensión de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada.

La Corte declaró DEFINITIVAMENTE FIRME la sentencia dictada el 25 de mayo de 2005 por el del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante la cual declaró INADMISIBLE la pretensión de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada.