Esta Corte Segunda, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: LA EXTINCIÓN LA ACCIÓN por la PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS PROCESAL en el recurso de apelación interpuesto por el abogado Ildegar Arispe Borges, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 23.413, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos MARCOS RAMÍREZ, ANSELMO ANTONIO PRADO VALBUENA, EMIRO ANTONIO RINCÓN BOSCÁN, CONRADO DE JESÚS QUINTINI BARRIOS, ALFREDO VINICIO OCANDO SARCOS, CARLOS PRADO, RODOLFO GONZÁLEZ, ADI MARVELIS ACURERO, MERVIN MADUEÑO, OSCAR NAVARRO, NELSON PIRELA, HUMBERTO URDANETA, WILLIAM PEÑA Y VIRGILIO ESPINA, titulares de las cédulas de identidades Nros. 3.646.677, 3.714.198, 4.328.385, 7.610.910, 9.114.260, 11.872.245, 5.060.967, 7.639.394, 4.535.648, 7.625.933, 5.058.955, 7.790.041, 9.746.420 y 3.931.829, respectivamente, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 6 de junio de 2005 por la parte recurrente, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Menores, Bancario y Tribunal Contencioso Administrativo de la Región Amazonas del Estado Amazonas en fecha 29 de junio de 2005, la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ALEXIS RODOLFO SALAZAR ORTIZ, debidamente asistido por los abogados Antonio Reyes Sánchez y Edgar Rodríguez Mora, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 6.217 y 7.053 respectivamente, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO AMAZONAS. 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. En consecuencia, queda FIRME la sentencia apelada.

Se evidencia, que al ser éste el hecho que dio lugar a la interposición del presente recurso contencioso administrativo funcionarial a los fines de solicitar la diferencia en el pago de las aludidas prestaciones, y visto que no fue sino hasta el 12 de marzo de 2012 que tuvo lugar la interposición del mismo, se evidencia que habían transcurrido casi siete (7) años desde la fecha que tuvo lugar el pago de las prestaciones sociales de la querellante, superando con creses el lapso de caducidad previsto jurisprudencialmente por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual resulta inadmisible el recurso interpuesto y, en consecuencia, se confirma el fallo emitido por el Juzgado a quo en los términos expuestos en la presente decisión.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 28 de junio de 2004, por la parte recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 17 de junio de 2004, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados Paulo Carrillo Fadul y Tibel Pernía Cedeño, inscritos en el Instituto de Previsión del Abogado bajo los Nros. 41.810 y 82.424, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano NELSON JOSÉ STURABOTTI VERA, titular de la cédula de identidad Nº V-7.884.492, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y CIRCULACIÓN DEL MUNICPIO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación; 3.- FIRME el fallo apelado.

Se evidencia que había transcurrido con creces el lapso de caducidad previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, razón por la cual, tal y como lo estableció el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en su decisión de fecha 11 de agosto de 2010, resulta inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en consecuencia, es forzoso para este Tribunal Colegiado declarar sin lugar el recurso de apelación ejercido contra el aludido fallo; y se confirma el mismo.