LA CORTE SE DECLARA COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la abogada Luisa Carolina Salazar Larez, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil ADMINISTRADORA PORTUARIA PARIA, C.A., contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental en fecha 20 de noviembre de 2003, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional incoada por la referida abogada "contra el acto administrativo S/N de fecha 30 de noviembre de 2001", emanado de la DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y CATASTRO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VALDEZ DEL ESTADO SUCRE, mediante el cual se fijó el canon mensual de arrendamiento de los galpones 3 y 4, ubicados en el área del Puerto Pesquero Internacional de Guiria. SIN LUGAR la apelación interpuesta. En consecuencia, SE CONFIRMA la sentencia del a quo, con las motivaciones expuestas en el presente fallo.

LA CORTE OBSERVA que transcurridos como han sido los treinta (30) días siguientes a la publicación de la sentencia transcrita ut supra en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 1° de julio de 2005, sin que las partes intervinientes hubieren manifestado su interés en que fuese decidida la consulta a la que se encuentra sometida la decisión dictada el 16 de junio de 2004 por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil (Bienes) de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, remitida a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo mediante el Oficio N° 822 del 17 de marzo de 2005, queda firme el citado fallo, razón por la cual se ordena la remisión del expediente al a quo, todo ello en virtud de la doctrina jurisprudencial sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

La Corte declaró SU COMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción la acción de amparo constitucional interpuesta; ADMITE la presente acción de amparo constitucional; ordena NOTIFICAR a la parte accionante y al presunto agraviante, para que concurran al Tribunal a conocer el día en que se celebrará la audiencia oral, con la salvedad para el presunto agraviante de que su falta de comparecencia a la audiencia oral aquí señalada, producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y para la presunta agraviada, que su falta de comparencia dará por terminado el procedimiento, a menos que esta Corte considere que los hechos alegados afectan el orden público, en materia de orden público el Juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias.

LA CORTE Se declara COMPETENTE para conocer de la presente causa en virtud de la consulta prevista en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 27 de enero de 1993 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.