Por todas las razones expuestas, este Juzgado Superior, actuando con la competencia constitucional que le es atribuida, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la pretensión de amparo constitucional incoada por los ciudadanos ARÍSTIDES LINARES MONASTERIOS, GUILLERMO JOSÉ RAMOS y JOSÉ RAÚL POLANCO, titular de la cédula de identidad Nro. 7.151.444, 8.396.412 y 10.250.172, respectivamente, debidamente asistido por la Procuradora Especial del Trabajo, Rosselyn Vivas, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n° 88.715, en contra de la sociedad de comercio VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE ARAGUA, C.A (VIGIPROARCA).

Por todas las razones antes expuestas, este Juzgado Superior, actuando con la competencia constitucional que le es atribuida, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por el Abogado Jorge Elías Bastidas Franco, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 27.256, actuando en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano RAFAEL ANTONIO GARCIA SILVA, titular de la cédula de identidad Nro. 5.298.712 del acto administrativo Nro. DS-I-033-97 de fecha 04 de septiembre de 1997, emanado de la Contraloría del Estado Carabobo, en consecuencia SE ORDENA la reincorporación de la querellante al cargo de Asistente de Ingeniero de Contraloría, en el mencionado ente administrativo, así como los salarios dejados de percibir desde la fecha de su ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva al cargo, en los términos establecido en la parte motiva de este fallo.

Por todas las razones antes expuestas, este Juzgado Superior, actuando con la competencia constitucional que le es atribuida, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por el Abogado Jorge Elías Bastidas Franco, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 27.256, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana JULIO JAVIER COLINA MONTERO, titular de la cédula de identidad Nro. 7.023.572 del acto administrativo Nro. DS-I-033-97 de fecha 04 de septiembre de 1997, emanado de la Contraloría del Estado Carabobo, en consecuencia SE ORDENA la reincorporación de la querellante al cargo de auditor II de Contraloría, en el mencionado ente administrativo, así como los salarios dejados de percibir desde la fecha de su ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva al cargo, en los términos establecido en la parte motiva de este fallo.

Siendo ello así, este Tribunal adhiriéndose al criterio sustentado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 1219 de fecha diecinueve (19) de agosto de 2003, y con fundamento en el análisis realizado por dicha Sala en la decisión N° 2003-1276 dictada en fecha quince (15) de noviembre de 2005, ordena la reposición de la causa al estado de notificar del auto de admisión de fecha once (11) de octubre de 2005, a la Sociedad Mercantil ALIMENTOS NINA, C. A., en su condición de tercero coadyuvante por el organismo demandado.

Por todas las razones antes expuestas, este Juzgado Superior, actuando con la competencia constitucional que le es atribuida, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por el Abogado Jorge Elías Bastidas Franco, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 27.256, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana OLGA MARIA ORTIZ, titular de la cédula de identidad Nro. 1.375.707 del acto administrativo Nro. DS-I-033-97 de fecha 04 de septiembre de 1997, emanado de la Contraloría del Estado Carabobo, en consecuencia SE ORDENA la reincorporación de la querellante al cargo de secretaria I de Contraloría, en el mencionado ente administrativo, así como los salarios dejados de percibir desde la fecha de su ilegal destitución hasta su reincorporación definitiva al cargo, en los términos establecido en la parte motiva de este fallo.

Conforme a lo expuesto este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la Ley declara: 1.- PROCEDENTE la solicitud de medida cautelar interpuesta por las abogados CLAUDIA CASAL WADSKIER y SOLANGEL QUINTERO, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 41.658 y 12.027, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil INDUGRAM, C.A.; y 2.- En consecuencia, SE ORDENA la suspensión de los efectos del Acto Administrativo (Boleta de Inscripción) de fecha trece (13) de enero de 2006 distinguida con el Nº 360, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Cojedes, mediante la cual se acuerda la inscripción de la Organización Sindical denominada Sindicato de Trabajadores de la Empresa INDUGRAM, C.A. (SINTRAINDUGRAM).

1. CON LUGAR la querella funcionarial interpuesta por la ciudadana AMPARO CASTELLANO, titular de la cédula de identidad Nro. 5.511.781, debidamente asistida por la abogada Dasney Lopez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 22.161, en cosecuencia se declara la nulidad absoluta del acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 12/2004 de fecha trece (13) de febrero de 2004; y 2. En consecuencia SE ORDENA la reincorporación de la querellante a su cargo, así como los salarios dejados de percibir desde la fecha de su ilegal retiro hasta su reincorporación definitiva al cargo. A los fines del calculo de los mismos se ordena experticia complementaria al fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.