EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: PRIMERO: " Acuerda Ratificar en todas y cada una de sus partes la Medida Cautelar prevista en el Art. 582, literales "c"y "f" de la LOPNA, que se impuso al adolescente en audiencia de presentacion, la cual seguirá siendo de manera quincenal y Prohibición de comunicarse con la victima , así mismo solicita a la progenitora del adolescente una constancia de residencia al adolescente a los fines de verificar su residencia para ver una posible modificación, así mismo le hace la advertencia al Adolescente que el incumplimiento de dicha medida de manera quincenal puede acarrearle su revocatoria, conforme a lo previsto en el Artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal por remisión expresa del Art. 537 de la LOPNA. En cuanto a lo solicitado por el Ministerio Pùblico se acuerda solicitar informe psicológico tal y como lo solicito el Ministerio Público, en lo que respecta al informe Socio Económi.....

/Por lo antes expuesto este Tribunal en funciones de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA: PRIMERO: Se acuerda seguir la presente causa por el procedimiento abreviado de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.- SEGUNDO: Imposición al imputado FERNANDO JESUS MARCHAN CAMPOS, titular de la cédula de identidad Nro.11.260.091de MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD, de conformidad con el artículo 39 en su ordinales N° 1 y 9 de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia, es decir, salida inmediata del agresor del domicilio de la víctima y remisión al Consejo de Protección del Municipio Irribaren, en virtud de que es un hecho de violencia intrafamiliar donde se encuentran afectadas tres niñas habidas en la unión de la pareja, a objeto de que a tenor del artículo 126 de La Ley Orgánica Para la Protección d.....

/Por lo antes expuesto este Tribunal en funciones de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA: PRIMERO: Se acuerda seguir la presente causa por el procedimiento ordinario de conformidad con el artículo 280 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el Ministerio Público debe ahondar en la investigación con relación al delito de lesiones.- SEGUNDO:. Imposición imputado PEDRO VICENTE VARGAS, titular de la cédula de identidad Nro. 3.534.415 de MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD, de conformidad con el artículo 256 Ejusdem ordinales 3°, es decir, presentación cada 30 días por ante la URDD del Circuito Judicial Penal del Estado Lara (Oficina de presentaciones), a partir del día martes 07.03.06, así como la contenida en el numeral 9° prohibición de portar armas y consumir bebidas alcohólicas.-. Se acuerdan las copias solicitadas.- Librense la.....

/Por lo antes expuesto este Tribunal en funciones de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA: PRIMERO: 1.- Declara con lugar la aprehensión en flagrancia SEGUNDO: Se acuerda seguir la presente causa por el procedimiento abreviado de conformidad con el artículo 372 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal.- TERCERO: Imposición de MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD, al ciudadano ALIRIO ENRIQUE RODRIGUEZ KALIL, titular de la cédula de identidad nro. 8.691.141 de conformidad con el Articulo 256 Ejusdem ordinales 3°, es decir, presentación cada 8 días por ante la URDD del Circuito Judicial Penal del Estado Lara (Oficina de presentaciones), de igual manera la contentiva en el ordinal 5° ejusdem, prohibición de acercarse a las instalaciones de FARMATODO, igualmente la contenida en el ordinal 9° del mismo artículo, obligación de tramitar la obte.....

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de MARIA JERONIMA ANGULO DE COLMENAREZ y OLEGARIO COLMENAREZ, antes identificados, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de MARIA GRISELDA MENDEZ, antes identificada, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, especialmente aquellas derivadas de la comunidad de gananciales de estricto órden público, a favor del cónyuge de la solicitante APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de NINFA JOSEFINA PEREIRA DE CLARA, antes identificada, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de DEISY RAMONA JIMENEZ SILVA, antes identificada, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, especialmente aquellas derivadas de la comunidad de gananciales de estricto órden público, a favor de la cónyuge del solicitante APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de CARLOS RAMON CRESPO AGUILAR, antes identificado, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de CECILIO RAMON GRATEROL VARGAS, antes identificado, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.