Visto el Desistimiento del Procedimiento, suscrito por el ciudadano WALTER J. RODRIGUEZ en su carácter de co- apoderado judicial de la parte actora, éste Tribunal homologa el mismo; en consecuencia, téngase como sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada entre las partes, se declara extinguida la instancia, de todo de conformidad con lo establecido en el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente. Archívese el presente expediente. Asimismo, se ordena devolver los documentos originales solicitados, sustituyéndose en los autos por copias fotostáticas certificadas, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente.

este tribunal administrando justicia, en nombre de la república y por autoridad de la ley declara con lugar la oposición interpuesta por el ciudadano ANGEL ALBERTO BARRADAS PEÑA sobre la medida de embargo preventivo sobre un vehículo con las siguientes características marca: Internacional; modelo: 1850, año: 1978, color: amarillo y blanco; clase: camión; tipo: estaca; uso: carga; serial de carrocería: HHD10175; serial de motor: D19CD54798; placas: 034-MBP, efectuada por el Juzgado Tercero Ejecutor del Municipio Iribarren del Estado Lara. En consecuencia, se levanta medida de embargo recaída sobre el vehículo descrito anteriormente, y se ordena la entrega del mismo una vez quede definitivamente firme la presente decisión.

Se DECLARA CON LUGAR LA APELACION interpuesta por la Abogada MARISOL OLIVIA REVILLA SOTO, antes identificada, quien es la parte demandada, en contra del auto de fecha 15 de Julio de 2004, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara, el cual QUEDA ASÍ REVOCADO EN FORMA PARCIAL en la parte relacionada con la no admisión de la prueba de grabación (video de entrevista), prueba ésta cuya admisión se ordena sea realizada por el Juzgador de la causa, así como establecida la oportunidad y forma de su evacuación, salvo su apreciación en la definitiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 395 y 402 del Código de procedimiento Civil.

Se declara CON LUGAR, el amparo propuesto por GUILLERMO ANTONIO COLMENAREZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad N° 5.943.477, contra la empresa TENERIAS ATLAS, C.A y como mandamiento de amparo, ordena que en forma inmediata, sea reincorporado a sus funciones, con el pago de salarios caídos, al recurrente GUILLERMO ANTONIO COLMENAREZ en su lugar de trabajo en la empresa TENERIAS ATLAS C.A., en los términos establecidos por la la providencia administrativa N° 1026 de fecha 17/12/2003 emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara.

Se declara SIN LUGAR, el amparo propuesto por MARITZA VIOLETA TIMAURE DE GAMEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 4.065.941, domiciliada en el Barrio Unión, carrera 4 entre 17 y 18, N° 17-41, Barquisimeto, Estado Lara, contra la profesora LUZ A. COLLAZO, titular de la cédula de identidad N° 4.631.031, directora encargada de la UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL “EL UJANO”.

DECLARA SIN LUGAR la demanda de Alimentos intentada por la Ciudadana Yasin Halima Guevara Rodríguez, en representación de sus hijos identificación omitida dando cumplimiento al artículo 65 de la LOPNA, contra el ciudadano José María Mármol, todos identificados plenamente

DECLARA PARCIALMENTE LUGAR la demanda de Alimentos intentada por la ciudadana MARÍA REMIGIA ANDRADEZ RODRÍGUEZ, en contra el ciudadano Oswaldo Rafael Sarrameda Andueza

DECLARA PARCIALMENTE LUGAR la demanda de Alimentos intentada por la ciudadana VANESSA CAROLINA GRANADOS, en contra el ciudadano JULIO JOSÉ VALENZUELA MORA

DECLARA PARCIALMENTE LUGAR la demanda de Alimentos intentada por la ciudadana YEANNETTE DEL CARMEN GIL ROMERO, en contra el ciudadano JOSE ALEJO RAMIREZ GONZALEZ

se declara INCOMPETENTE para conocer del presente asunto y en consecuencia DECLINA la competencia para conocer de la presente causa a los Tribunales Civiles Ordinarios de esta Circunscripción Judicial, todo ello en razón de que la competencia por la materia es de orden público y como lo expresó la misma Sala de Casación Civil “no convalidable bajo ningún argumento, ni siquiera por el relativo a las jerarquías derivadas de la organización del poder judicial”